Sin techo y sin papeles: la regularización extraordinaria deja atrás a los migrantes que viven en la calle

La primera mitad del proceso de regularización extraordinaria –abierto hasta el 30 de junio para quienes probaron que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026– ha puesto en evidencia una brecha inesperada: los migrantes que no tienen domicilio fijo. El reportaje de EL PAÍS del 16 de mayo ilustra el laberinto administrativo al que se enfrentan personas que duermen en la calle y carecen de una dirección permanente. Uno de los ejemplos es Mohamed, un joven argelino sin techo en Barcelona. Dispone de padrón “sin domicilio fijo”, pero la embajada española en Orán no le concede cita para legalizar sus antecedentes penales. La adhesión de Argelia al Convenio de La Haya no entra en vigor hasta julio, después de que venza el plazo de la regularización.



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El resultado es una ‘cadena de legalizaciones’ de hasta cuatro sellos que, en la práctica, bloquea su expediente. Sus abogados de la fundación Arrels detallan que la dificultad se multiplica cuando se requieren informes de vulnerabilidad, traducir documentos extranjeros o borrar antecedentes por faltas leves cometidas en España. Los expertos temen que miles de solicitantes queden fuera por requisitos «pensados para gente con domicilio y recursos». El padrón histórico sirve para acreditar arraigo, pero muchos sin techo nunca lo tramitaron. Entre las pruebas alternativas –transferencias de dinero, facturas nominativas o historiales médicos– reina la incertidumbre sobre cómo las valorará la Administración. Detrás del problema hay, además, un componente laboral: la mayoría de los afectados trabaja en la economía informal (reparto, agricultura estacional o chatarra) y necesita la residencia para ser contratada legalmente. La falta de papeles alimenta un círculo vicioso de exclusión social que la propia regularización pretendía romper. Las ONG piden a Migraciones flexibilidad documental y ventanillas móviles en albergues, comedores y calles. Argumentan que la regularización no puede depender de tener casa, impresora y dinero para apostillar documentos en consulados a miles de kilómetros. De no corregirse, alertan, el decreto terminará beneficiando solo a quienes ya estaban un paso dentro del sistema y perpetuará la invisibilidad administrativa de los más vulnerables.