El Gobierno español ultima un real decreto que concederá permisos provisionales de residencia a las personas extranjeras que puedan acreditar al menos cinco meses de estancia continuada en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales. La medida, confirmada este 14 de febrero por fuentes de Moncloa, es fruto del pacto alcanzado entre PSOE y Podemos y retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que en 2024 recabó más de 700.000 firmas pero llevaba meses encallada en el Congreso.
El decreto permitirá sortear la tramitación parlamentaria ordinaria y otorgará seguridad jurídica a un colectivo que organizaciones sociales cifran entre medio millón y 840.000 personas. Los solicitantes podrán presentar empadronamientos, historiales médicos o justificantes bancarios como prueba de arraigo. El Ministerio de Inclusión prevé una ventanilla telemática específica y plazos de resolución abreviados para evitar los retrasos que tradicionalmente lastran las oficinas de extranjería.
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![España regularizará por decreto a cientos de miles de migrantes tras acuerdo PSOE-Podemos]()
Para las empresas, especialmente en construcción, cuidados y hostelería, la regularización ampliará el mercado laboral formal y facilitará la contratación de talento ya presente en España. Desde la perspectiva de compliance, será clave revisar políticas internas de inmigración para apoyar a empleados que reúnan los requisitos y documentar la diligencia debida en materia de prevención de la contratación irregular.
La decisión ha generado reacciones encontradas en Bruselas. Varios eurodiputados han pedido un análisis de impacto en la gestión de fronteras Schengen, mientras la Comisión Europea recuerda que los permisos emitidos por España no otorgan automáticamente libertad de circulación a otros Estados miembros. No obstante, el Ejecutivo español defiende la medida como un ejercicio de responsabilidad social y una respuesta pragmática a la escasez de mano de obra en sectores críticos.
Está previsto que el decreto se publique antes de que finalice febrero, con una ventana de presentación de solicitudes de 18 meses y posibilidad de convertir la autorización provisional en permiso de larga duración si se cumplen requisitos de empleo y arraigo posteriores.
El decreto permitirá sortear la tramitación parlamentaria ordinaria y otorgará seguridad jurídica a un colectivo que organizaciones sociales cifran entre medio millón y 840.000 personas. Los solicitantes podrán presentar empadronamientos, historiales médicos o justificantes bancarios como prueba de arraigo. El Ministerio de Inclusión prevé una ventanilla telemática específica y plazos de resolución abreviados para evitar los retrasos que tradicionalmente lastran las oficinas de extranjería.
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Está previsto que el decreto se publique antes de que finalice febrero, con una ventana de presentación de solicitudes de 18 meses y posibilidad de convertir la autorización provisional en permiso de larga duración si se cumplen requisitos de empleo y arraigo posteriores.
