
En una rueda de prensa aparte el 31 de marzo, la portavoz del gobierno, Elma Saiz, intentó calmar los temores de que el periodo de regularización próximo fuera demasiado corto. “Habrá tiempo suficiente y personal adecuado para procesar todas las solicitudes”, afirmó a los periodistas, señalando que se destinarán funcionarios adicionales de otros ministerios a la Secretaría de Migración. Saiz respondió a las declaraciones del comisario europeo de Asuntos Internos, Magnus Brunner, quien advirtió que los migrantes legalizados en España podrían ser devueltos si intentan establecerse en otro estado miembro. La ministra confirmó que el nuevo estatus otorga el derecho a trabajar solo en España durante los primeros tres años, tras los cuales los beneficiarios podrán solicitar la residencia de larga duración en la UE. A nivel operativo, el ministerio ha firmado un acuerdo con Correos para dedicar 400 ventanillas en oficinas postales de todo el país para la recepción de solicitudes.
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Un asistente en línea fácil de usar, inspirado en la plataforma de declaración de impuestos Renta WEB, guiará a los solicitantes en la carga de documentos y la gestión de citas biométricas. El gobierno publicará una carta de servicios que garantiza una resolución en 90 días; los expedientes sin respuesta en seis meses serán aprobados automáticamente. Para las empresas que emplean a nacionales de terceros países en riesgo de irregularidad, especialmente en agricultura, hostelería y cuidado domiciliario, el anuncio ofrece una hoja de ruta clara. Los departamentos de recursos humanos deben recopilar ya nóminas, certificados de padrón y antecedentes penales limpios para evitar la avalancha de solicitudes a principios de mayo. Los asesores legales prevén que la cuota inicial de 500,000 solicitudes se agotará rápidamente; una vez cerrada, los solicitantes tardíos deberán recurrir al proceso más lento de arraigo. Saiz subrayó que este programa es único y urgió a los partidos de oposición a “no jugar con la vida de las personas”.
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