
La Cámara de Comercio de EE. UU. ha presentado un aviso de apelación contra la decisión del tribunal de distrito del 23 de diciembre que confirmó la legalidad de una tarifa de 100,000 dólares por cada petición bajo el cupo H-1B. Este gravamen elevado, autorizado por la Ley One Big Beautiful Bill y aplicado mediante proclamación presidencial, busca desalentar lo que la administración denomina “dumping salarial” por parte de los empleadores.
La Cámara sostiene que la tarifa excede la autoridad ejecutiva y afectará gravemente la competitividad de EE. UU., especialmente para empresas de tecnología, salud e ingeniería que dependen de profesionales extranjeros en etapas tempranas de su carrera. Analistas legales prevén que el caso llegue al Circuito de D.C. a mediados de 2026 y posiblemente a la Corte Suprema después.
Si la tarifa se mantiene, el costo gubernamental de una petición estándar H-1B subiría de 1,070 a más de 101,000 dólares —incluyendo los recargos existentes por prevención de fraude y capacitación—, lo que dejaría fuera del programa a empleadores pequeños y medianos.
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Los líderes en movilidad global deberían plantear escenarios sin H-1B, explorando transferencias intracorporativas L-1, centros de talento nearshore o contrataciones remotas como primera opción. Las empresas que presentaron peticiones para el año fiscal 2026 antes de la proclamación no se ven afectadas, pero la lotería del año fiscal 2027 —programada para marzo de 2026 bajo una nueva regla de selección ponderada— estaría sujeta a la tarifa salvo que los tribunales intervengan.
La apelación también aumenta la presión sobre el Congreso, donde críticos bipartidistas advierten que el recargo podría desviar inversiones al extranjero. Los empleadores podrían considerar unirse a escritos amicus o coaliciones sectoriales a medida que avance el litigio.
La Cámara sostiene que la tarifa excede la autoridad ejecutiva y afectará gravemente la competitividad de EE. UU., especialmente para empresas de tecnología, salud e ingeniería que dependen de profesionales extranjeros en etapas tempranas de su carrera. Analistas legales prevén que el caso llegue al Circuito de D.C. a mediados de 2026 y posiblemente a la Corte Suprema después.
Si la tarifa se mantiene, el costo gubernamental de una petición estándar H-1B subiría de 1,070 a más de 101,000 dólares —incluyendo los recargos existentes por prevención de fraude y capacitación—, lo que dejaría fuera del programa a empleadores pequeños y medianos.
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La apelación también aumenta la presión sobre el Congreso, donde críticos bipartidistas advierten que el recargo podría desviar inversiones al extranjero. Los empleadores podrían considerar unirse a escritos amicus o coaliciones sectoriales a medida que avance el litigio.









