
Una coalición de 20 estados liderada por California presentó una demanda en un tribunal federal de Boston el 13 de diciembre para impedir que la administración Trump imponga una tarifa de 100,000 dólares por cada nueva petición H-1B. La demanda sostiene que la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza al gobierno a cobrar solo la cantidad necesaria para cubrir los costos de adjudicación — actualmente entre 2,000 y 5,000 dólares por solicitud — y que convertir el programa en una fuente de ingresos excede la autoridad ejecutiva. Los estados calculan que esta norma generaría aproximadamente 3,000 millones de dólares en costos adicionales durante los próximos tres años fiscales, afectando desproporcionadamente a empleadores de tecnología, educación superior y salud que dependen del talento extranjero.
Los demandantes también advierten sobre un efecto paralizante en startups e instituciones de investigación que no pueden trasladar este recargo de seis cifras a sus presupuestos de subvenciones o financiamiento de capital de riesgo. El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la medida como “un impuesto encubierto que el Congreso nunca aprobó”, mientras que funcionarios de Massachusetts señalaron que el 37% de los trabajadores en diseño de sistemas informáticos en el estado tienen estatus H-1B. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y varias coaliciones empresariales han presentado desafíos paralelos, y se espera que los tres casos se consoliden a principios del próximo año.
Las empresas que deben equilibrar restricciones presupuestarias con la necesidad de talento global pueden acudir a VisaHQ para facilitar el cumplimiento de los requisitos migratorios en EE.UU. La plataforma en línea de VisaHQ ofrece apoyo paso a paso en la solicitud, revisión de documentos y seguimiento en tiempo real para visas de trabajo y otras categorías, aliviando la carga tanto para los equipos de recursos humanos como para los empleados extranjeros. Más información en https://www.visahq.com/united-states/.
La Casa Blanca defiende la tarifa como un disuasivo contra el supuesto abuso del programa, argumentando que grandes firmas de outsourcing monopolizan los cupos limitados de H-1B y presionan a la baja los salarios en EE.UU. Los críticos responden que el verdadero efecto será desviar inversiones hacia Canadá, Reino Unido y Singapur, donde los costos de permisos de trabajo son una fracción de la tarifa propuesta. Abogados de inmigración prevén una interrupción inmediata para la temporada de cupos del año fiscal 2027, que comienza en marzo, ya que los empleadores deben presupuestar los costos de solicitud con meses de anticipación.
Recomendación práctica: las multinacionales deberían revisar sus planes de personal, considerar alternativas como las visas L-1 u O-1, y modelar el impacto de costos en caso de que la tarifa sea ratificada judicialmente. Los empleadores que firmen cartas de oferta este trimestre podrían incluir cláusulas condicionales para cubrir posibles recargos gubernamentales. Finalmente, las empresas que dependen de colocaciones en sitios de terceros deben monitorear cómo los proveedores planean absorber o trasladar la nueva tarifa a los clientes finales.
Los demandantes también advierten sobre un efecto paralizante en startups e instituciones de investigación que no pueden trasladar este recargo de seis cifras a sus presupuestos de subvenciones o financiamiento de capital de riesgo. El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la medida como “un impuesto encubierto que el Congreso nunca aprobó”, mientras que funcionarios de Massachusetts señalaron que el 37% de los trabajadores en diseño de sistemas informáticos en el estado tienen estatus H-1B. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y varias coaliciones empresariales han presentado desafíos paralelos, y se espera que los tres casos se consoliden a principios del próximo año.
Las empresas que deben equilibrar restricciones presupuestarias con la necesidad de talento global pueden acudir a VisaHQ para facilitar el cumplimiento de los requisitos migratorios en EE.UU. La plataforma en línea de VisaHQ ofrece apoyo paso a paso en la solicitud, revisión de documentos y seguimiento en tiempo real para visas de trabajo y otras categorías, aliviando la carga tanto para los equipos de recursos humanos como para los empleados extranjeros. Más información en https://www.visahq.com/united-states/.
La Casa Blanca defiende la tarifa como un disuasivo contra el supuesto abuso del programa, argumentando que grandes firmas de outsourcing monopolizan los cupos limitados de H-1B y presionan a la baja los salarios en EE.UU. Los críticos responden que el verdadero efecto será desviar inversiones hacia Canadá, Reino Unido y Singapur, donde los costos de permisos de trabajo son una fracción de la tarifa propuesta. Abogados de inmigración prevén una interrupción inmediata para la temporada de cupos del año fiscal 2027, que comienza en marzo, ya que los empleadores deben presupuestar los costos de solicitud con meses de anticipación.
Recomendación práctica: las multinacionales deberían revisar sus planes de personal, considerar alternativas como las visas L-1 u O-1, y modelar el impacto de costos en caso de que la tarifa sea ratificada judicialmente. Los empleadores que firmen cartas de oferta este trimestre podrían incluir cláusulas condicionales para cubrir posibles recargos gubernamentales. Finalmente, las empresas que dependen de colocaciones en sitios de terceros deben monitorear cómo los proveedores planean absorber o trasladar la nueva tarifa a los clientes finales.











