
Una noticia en primera página de The Guardian ha humanizado el cambio de política al contar la historia de Annie, una ciudadana británico-holandesa que vive en los Países Bajos y no puede visitar a su madre terminalmente enferma en Inglaterra porque su pasaporte británico expiró el mes pasado. Según las nuevas normas que entran en vigor el 25 de febrero, Annie debe tener un pasaporte británico válido o un costoso Certificado de Derecho para demostrar su ciudadanía; ninguno de los dos puede obtenerse a tiempo.
El exsecretario del Brexit, David Davis, y los Liberal Demócratas han exigido un período de gracia de emergencia, argumentando que la política, en la práctica, impide que algunos ciudadanos accedan a su propio país. Señalan que la información se “enterró” en GOV.UK y que las renovaciones de pasaportes en el extranjero están tardando hasta 10 semanas. El Ministerio del Interior responde que el cambio ha sido público durante años y que se alinea con las mejores prácticas en la gestión digital de fronteras.
Para los viajeros que se ven sorprendidos por los nuevos requisitos de documentación, servicios como VisaHQ ofrecen orientación sobre renovaciones rápidas de pasaportes, Certificados de Derecho y otras pruebas alternativas de estatus. Tanto particulares como equipos de movilidad corporativa pueden consultar a sus especialistas —ver https://www.visahq.com/united-kingdom/— para conocer los tiempos de procesamiento, la documentación necesaria y las soluciones aceleradas disponibles.
El caso está generando eco en las redes sociales y podría impulsar las preguntas parlamentarias previstas para la próxima semana. Desde la perspectiva de la movilidad corporativa, la historia pone de relieve un riesgo crítico: empleados en asignaciones que dejen expirar sus pasaportes británicos podrían quedar varados en el extranjero o verse obligados a hacer escala en Irlanda, lo que implica costos adicionales y complejidades fiscales. Por ello, los empleadores con grandes plantillas europeas están alertando sobre el problema en sus comunicaciones internas.
Expertos en políticas sugieren que el gobierno podría introducir una exención temporal para aerolíneas, similar a los períodos de gracia del ESTA en EE. UU. en 2008, pero aún no se ha anunciado nada. Hasta entonces, los ciudadanos afectados tienen pocas opciones más que renovaciones a precio premium o cancelar sus viajes.
El exsecretario del Brexit, David Davis, y los Liberal Demócratas han exigido un período de gracia de emergencia, argumentando que la política, en la práctica, impide que algunos ciudadanos accedan a su propio país. Señalan que la información se “enterró” en GOV.UK y que las renovaciones de pasaportes en el extranjero están tardando hasta 10 semanas. El Ministerio del Interior responde que el cambio ha sido público durante años y que se alinea con las mejores prácticas en la gestión digital de fronteras.
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El caso está generando eco en las redes sociales y podría impulsar las preguntas parlamentarias previstas para la próxima semana. Desde la perspectiva de la movilidad corporativa, la historia pone de relieve un riesgo crítico: empleados en asignaciones que dejen expirar sus pasaportes británicos podrían quedar varados en el extranjero o verse obligados a hacer escala en Irlanda, lo que implica costos adicionales y complejidades fiscales. Por ello, los empleadores con grandes plantillas europeas están alertando sobre el problema en sus comunicaciones internas.
Expertos en políticas sugieren que el gobierno podría introducir una exención temporal para aerolíneas, similar a los períodos de gracia del ESTA en EE. UU. en 2008, pero aún no se ha anunciado nada. Hasta entonces, los ciudadanos afectados tienen pocas opciones más que renovaciones a precio premium o cancelar sus viajes.








