
Una coalición de diez países miembros de la UE, entre ellos la República Checa, ha presentado un “documento no oficial” en Bruselas que pide un mandato más claro y tecnológicamente avanzado para Frontex, de cara a la reforma de la agencia en 2026. Revelada el 19 de febrero de 2026, la propuesta solicita enmiendas específicas al Reglamento Europeo de la Guardia de Fronteras y Costas que permitan a Frontex asumir la responsabilidad principal de coordinar y financiar las operaciones de retorno de migrantes irregulares.
El documento sostiene que el actual mosaico de programas nacionales de retorno desperdicia recursos y genera vacíos legales que son aprovechados por redes de tráfico. Los firmantes —Chequia, Hungría, Polonia, Croacia, Lituania, Rumanía, Eslovenia, Grecia, España y Malta— reclaman una plataforma digital única que vincule datos biométricos de entrada/salida con órdenes judiciales de expulsión y la información anticipada de pasajeros de aerolíneas. También piden un mayor uso de drones y perfiles de riesgo asistidos por IA para localizar a quienes se fugan.
Para empresas y viajeros que intentan adaptarse a estas normas cambiantes, servicios de asesoría de visados como VisaHQ pueden ser un aliado valioso. A través de su portal checo (https://www.visahq.com/czech-republic/), VisaHQ monitorea en tiempo real los cambios regulatorios y ofrece apoyo simplificado para solicitudes de visados Schengen y permisos de residencia, una ayuda que podría ser aún más útil si la UE impone controles de salida más estrictos y obligaciones de intercambio de datos.
Para Chequia, que se unió al espacio Schengen en 2007 pero no tiene frontera terrestre externa con la UE, el principal beneficio es el apoyo operativo en el aeropuerto de Praga, ahora un centro regional de Frontex para controles fronterizos aéreos. El Ministerio del Interior estima que los vuelos chárter compartidos organizados por Frontex podrían reducir los costos de repatriación de Praga hasta en un 40%.
ONGs de derechos humanos criticaron de inmediato el plan, advirtiendo que podría replicar el modelo de ICE en EE. UU. y disuadir a los migrantes de acceder a servicios básicos. Las autoridades checas responden que una coordinación europea más fuerte es esencial para ampliar de forma sostenible el asesoramiento para retornos voluntarios y los programas de reintegración.
Este documento no oficial servirá de base para los borradores legislativos que se esperan en el tercer trimestre de 2026. Las empresas que movilizan personal dentro de Schengen deben estar atentas a controles de salida más rigurosos y posibles obligaciones de intercambio de datos que afecten los registros de recursos humanos de contratistas de terceros países.
El documento sostiene que el actual mosaico de programas nacionales de retorno desperdicia recursos y genera vacíos legales que son aprovechados por redes de tráfico. Los firmantes —Chequia, Hungría, Polonia, Croacia, Lituania, Rumanía, Eslovenia, Grecia, España y Malta— reclaman una plataforma digital única que vincule datos biométricos de entrada/salida con órdenes judiciales de expulsión y la información anticipada de pasajeros de aerolíneas. También piden un mayor uso de drones y perfiles de riesgo asistidos por IA para localizar a quienes se fugan.
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Para Chequia, que se unió al espacio Schengen en 2007 pero no tiene frontera terrestre externa con la UE, el principal beneficio es el apoyo operativo en el aeropuerto de Praga, ahora un centro regional de Frontex para controles fronterizos aéreos. El Ministerio del Interior estima que los vuelos chárter compartidos organizados por Frontex podrían reducir los costos de repatriación de Praga hasta en un 40%.
ONGs de derechos humanos criticaron de inmediato el plan, advirtiendo que podría replicar el modelo de ICE en EE. UU. y disuadir a los migrantes de acceder a servicios básicos. Las autoridades checas responden que una coordinación europea más fuerte es esencial para ampliar de forma sostenible el asesoramiento para retornos voluntarios y los programas de reintegración.
Este documento no oficial servirá de base para los borradores legislativos que se esperan en el tercer trimestre de 2026. Las empresas que movilizan personal dentro de Schengen deben estar atentas a controles de salida más rigurosos y posibles obligaciones de intercambio de datos que afecten los registros de recursos humanos de contratistas de terceros países.









