
Setenta organizaciones de derechos humanos y médicas, entre ellas Médicos del Mundo y PICUM, con sede en Bélgica, emitieron el 16 de febrero una declaración conjunta en la que instan al Comité de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (LIBE) a rechazar el borrador del ‘Reglamento de Retorno’ de la UE. La propuesta busca agilizar y simplificar las deportaciones de migrantes indocumentados, pero sus críticos advierten que podría fomentar perfiles raciales y debilitar las garantías procesales.
Las ONG belgas señalan que el reglamento podría presionar a la policía nacional para realizar redadas laborales, afectando sectores que dependen de trabajadores desplazados o temporales. Alertan que empleados sin la documentación adecuada podrían evitar hospitales o campañas de vacunación, lo que representa un riesgo para la salud pública. Además, los empleadores podrían enfrentar mayores obligaciones de reporte si los inspectores sospechan de personal irregular en sus instalaciones.
Desde el punto de vista del cumplimiento, los responsables de movilidad internacional deberán reforzar los protocolos de verificación documental, especialmente cuando se subcontrate a nacionales de terceros países a través de agencias de empleo. Los asesores legales recomiendan auditar los expedientes laborales cuanto antes, ya que el borrador faculta a las autoridades para multar a las empresas que “deberían haber sabido” sobre el estatus irregular.
Para organizaciones y viajeros que buscan mantenerse al día con las cambiantes normativas migratorias de la UE y Bélgica, el portal de VisaHQ para Bélgica (https://www.visahq.com/belgium/) ofrece información clara y actualizada sobre visados, permisos de trabajo y documentos de residencia, ayudando a equipos de recursos humanos, gestores de movilidad e individuos a cumplir con la normativa y evitar errores costosos.
La votación en LIBE está prevista para principios de marzo. La eurodiputada belga Saskia Bricmont (Ecolo) declaró a la prensa que se opondrá al texto a menos que se adopten enmiendas humanitarias. Si el comité aprueba el reglamento, las negociaciones trilaterales con el Consejo podrían concluir antes del verano, otorgando a los Estados miembros un año para transponer las normas.
Las empresas que reciben trabajadores transferidos dentro de la UE deben seguir de cerca el desenlace, ya que los procedimientos de retorno más estrictos podrían afectar indirectamente los plazos de reunificación familiar y la renovación de tarjetas de residencia si las embajadas se saturan emitiendo documentos de viaje para las expulsiones.
Las ONG belgas señalan que el reglamento podría presionar a la policía nacional para realizar redadas laborales, afectando sectores que dependen de trabajadores desplazados o temporales. Alertan que empleados sin la documentación adecuada podrían evitar hospitales o campañas de vacunación, lo que representa un riesgo para la salud pública. Además, los empleadores podrían enfrentar mayores obligaciones de reporte si los inspectores sospechan de personal irregular en sus instalaciones.
Desde el punto de vista del cumplimiento, los responsables de movilidad internacional deberán reforzar los protocolos de verificación documental, especialmente cuando se subcontrate a nacionales de terceros países a través de agencias de empleo. Los asesores legales recomiendan auditar los expedientes laborales cuanto antes, ya que el borrador faculta a las autoridades para multar a las empresas que “deberían haber sabido” sobre el estatus irregular.
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Las empresas que reciben trabajadores transferidos dentro de la UE deben seguir de cerca el desenlace, ya que los procedimientos de retorno más estrictos podrían afectar indirectamente los plazos de reunificación familiar y la renovación de tarjetas de residencia si las embajadas se saturan emitiendo documentos de viaje para las expulsiones.









