
Aunque las aprobaciones humanitarias han aumentado, Francia está intensificando simultáneamente la aplicación de la ley contra quienes no tienen estatus legal. La DGEF registró 15.569 expulsiones forzosas en 2025, un 21 % más que el año anterior, lo que eleva el total de expulsiones (forzosas y voluntarias) a 24.985. (connexionfrance.com) Las detenciones policiales de migrantes irregulares aumentaron aproximadamente un 30 %, reflejando operaciones específicas en campamentos informales alrededor de París y Calais, así como más controles en lugares de trabajo.
Para las empresas, esta postura más estricta eleva los riesgos de incumplimiento. Las compañías de construcción, logística y hostelería que empleen a trabajadores indocumentados ahora enfrentan multas de hasta 30.000 € por persona y una prohibición temporal para contratar mano de obra extranjera. Varias pymes en Île-de-France ya han sido auditadas, según la federación empresarial CPME.
Las empresas preocupadas por estas sanciones crecientes pueden recurrir a VisaHQ para recibir asistencia práctica. La plataforma se encarga de todo, desde la verificación de elegibilidad para visados y la recopilación de documentos hasta la programación de citas y el seguimiento del estatus, asegurando que los empleados desplazados tengan los permisos franceses correctos y que Recursos Humanos mantenga registros precisos. Más información en https://www.visahq.com/france/
Los responsables de movilidad deben asegurarse de que todos los desplazados porten un permiso de residencia o un APS/recépissé digital, y que se guarden copias en los archivos de Recursos Humanos. Los controles aleatorios en la vía pública son legales dentro de un radio de 10 km de las fronteras y en los principales nodos de transporte; no presentar la documentación puede conllevar detención mientras se verifica el estatus.
En el plano político, estas cifras alimentarán el debate sobre si Francia puede tanto acoger talento como endurecer el control de las estancias irregulares. El Ministerio del Interior sostiene que el aumento de las expulsiones demuestra que la ley de inmigración de 2024 —con criterios de entrada más estrictos, decisiones de asilo más rápidas y mayor capacidad de detención— está funcionando. Por su parte, las ONG advierten que las deportaciones crecen más rápido que la capacidad de apelación, lo que podría provocar expulsiones injustas.
Para las empresas, esta postura más estricta eleva los riesgos de incumplimiento. Las compañías de construcción, logística y hostelería que empleen a trabajadores indocumentados ahora enfrentan multas de hasta 30.000 € por persona y una prohibición temporal para contratar mano de obra extranjera. Varias pymes en Île-de-France ya han sido auditadas, según la federación empresarial CPME.
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En el plano político, estas cifras alimentarán el debate sobre si Francia puede tanto acoger talento como endurecer el control de las estancias irregulares. El Ministerio del Interior sostiene que el aumento de las expulsiones demuestra que la ley de inmigración de 2024 —con criterios de entrada más estrictos, decisiones de asilo más rápidas y mayor capacidad de detención— está funcionando. Por su parte, las ONG advierten que las deportaciones crecen más rápido que la capacidad de apelación, lo que podría provocar expulsiones injustas.











