
El comité legislativo de la cámara baja de Francia envió una señal contundente a empleadores y viajeros el 17 de enero al aprobar un proyecto de ley que limitaría a 30 días al año las jornadas de huelga autorizadas en las empresas de transporte públicas. El texto, respaldado por el centro político y apoyado por Les Républicains y el Rassemblement National, obliga a los sindicatos y operadores como SNCF, RATP, Air France-KLM y las principales autoridades aeroportuarias a negociar un calendario rotativo de “bloqueos” que cubra los períodos de mayor actividad: vacaciones escolares, semanas de exámenes, grandes ferias comerciales y eventos deportivos internacionales.
Contexto: Francia ya exige un aviso por escrito con ocho días de antelación antes de una huelga y aplica una cláusula de servicio mínimo en el transporte ferroviario de pasajeros. Sin embargo, las interrupciones en trenes y metros siguen costando alrededor de 400 millones de euros anuales en pérdida de productividad y afectan la atracción del país para talento móvil y eventos internacionales. En el año olímpico, se registraron 62 días de huelga solo en la SNCF, lo que obligó a miles de viajeros de negocios a reprogramar sus viajes. Los legisladores sostienen que el nuevo límite preserva el derecho a huelga, garantizando al mismo tiempo “la previsibilidad esencial para la vida económica”.
Implicaciones prácticas: De aprobarse, los responsables de viajes corporativos tendrían una visión clara anual de las ventanas de viaje “protegidas”, lo que les permitiría programar reuniones de directorio, visitas a clientes y traslados de expatriados con menos incertidumbre. El proyecto también establece una fase obligatoria de mediación de dos semanas antes de cualquier nueva huelga una vez alcanzado el límite de 30 días, una cláusula diseñada para fomentar la resolución de conflictos mediante arbitraje en lugar de paros.
Perspectiva empresarial: El grupo aeroespacial parisino Safran informó a VisaHQ que gasta alrededor de 2 millones de euros al año en reservas de hotel y vales de taxi de última hora durante las interrupciones ferroviarias; espera que esta cifra se reduzca a la mitad si la cuota se convierte en ley. Por su parte, los sindicatos han prometido impugnar el texto ante el Consejo Constitucional, calificándolo como una “restricción severa” a los derechos sociales.
Para las empresas que gestionan traslados urgentes o estancias de visitantes durante estas ventanas más estrictas y previsibles, VisaHQ también puede eliminar los trámites burocráticos de visados. Su portal para Francia (https://www.visahq.com/france/) permite a los equipos de movilidad y viajeros individuales gestionar permisos Schengen, de trabajo o tránsito en línea, mientras que su servicio de asesoría monitorea los calendarios de huelgas para asegurar que la documentación esté lista mucho antes de cualquier posible interrupción.
Próximos pasos: El proyecto de ley tiene trámite acelerado y llegará al pleno de la Asamblea Nacional a principios de febrero. Con respaldo multipartidista y una opinión pública cansada de las frecuentes interrupciones, los analistas ven alta probabilidad de aprobación antes del receso de Semana Santa. Los equipos de movilidad corporativa ya deberían planificar los viajes y fechas de inicio de asignaciones para 2026 en función del límite previsto de 30 días y ajustar los acuerdos de nivel de servicio con los proveedores de reubicación en consecuencia.
Contexto: Francia ya exige un aviso por escrito con ocho días de antelación antes de una huelga y aplica una cláusula de servicio mínimo en el transporte ferroviario de pasajeros. Sin embargo, las interrupciones en trenes y metros siguen costando alrededor de 400 millones de euros anuales en pérdida de productividad y afectan la atracción del país para talento móvil y eventos internacionales. En el año olímpico, se registraron 62 días de huelga solo en la SNCF, lo que obligó a miles de viajeros de negocios a reprogramar sus viajes. Los legisladores sostienen que el nuevo límite preserva el derecho a huelga, garantizando al mismo tiempo “la previsibilidad esencial para la vida económica”.
Implicaciones prácticas: De aprobarse, los responsables de viajes corporativos tendrían una visión clara anual de las ventanas de viaje “protegidas”, lo que les permitiría programar reuniones de directorio, visitas a clientes y traslados de expatriados con menos incertidumbre. El proyecto también establece una fase obligatoria de mediación de dos semanas antes de cualquier nueva huelga una vez alcanzado el límite de 30 días, una cláusula diseñada para fomentar la resolución de conflictos mediante arbitraje en lugar de paros.
Perspectiva empresarial: El grupo aeroespacial parisino Safran informó a VisaHQ que gasta alrededor de 2 millones de euros al año en reservas de hotel y vales de taxi de última hora durante las interrupciones ferroviarias; espera que esta cifra se reduzca a la mitad si la cuota se convierte en ley. Por su parte, los sindicatos han prometido impugnar el texto ante el Consejo Constitucional, calificándolo como una “restricción severa” a los derechos sociales.
Para las empresas que gestionan traslados urgentes o estancias de visitantes durante estas ventanas más estrictas y previsibles, VisaHQ también puede eliminar los trámites burocráticos de visados. Su portal para Francia (https://www.visahq.com/france/) permite a los equipos de movilidad y viajeros individuales gestionar permisos Schengen, de trabajo o tránsito en línea, mientras que su servicio de asesoría monitorea los calendarios de huelgas para asegurar que la documentación esté lista mucho antes de cualquier posible interrupción.
Próximos pasos: El proyecto de ley tiene trámite acelerado y llegará al pleno de la Asamblea Nacional a principios de febrero. Con respaldo multipartidista y una opinión pública cansada de las frecuentes interrupciones, los analistas ven alta probabilidad de aprobación antes del receso de Semana Santa. Los equipos de movilidad corporativa ya deberían planificar los viajes y fechas de inicio de asignaciones para 2026 en función del límite previsto de 30 días y ajustar los acuerdos de nivel de servicio con los proveedores de reubicación en consecuencia.









