
Un decreto de Nochevieja (DL 201/2025) otorga a los ciudadanos ucranianos en Italia una prórroga de 12 meses para la renovación de sus permisos de residencia bajo protección especial, extendiendo su validez hasta el 4 de marzo de 2027. Esta medida armoniza la normativa nacional con la Decisión de Protección Temporal 2025/1460 de la UE y afecta a aproximadamente 170,000 desplazados ucranianos.
La extensión automática evita a los empleadores una sobrecarga administrativa, ya que muchos permisos vencían en marzo de 2026, lo que habría obligado a finalizar contratos o a convertir visados sujetos a cupos. Al mantener a los ucranianos fuera de los límites del Decreto Flussi, el decreto libera indirectamente plazas para otros trabajadores no comunitarios.
Los titulares deben acudir a la Questura para renovar sus tarjetas físicas, y se espera que los sistemas de reserva se reabran a mediados de enero. Las empresas deberían programar con antelación estas citas y prever un coste administrativo de entre 80 y 120 euros.
Para facilitar la gestión de estas citas en la Questura u otros trámites migratorios en Italia, tanto empresas como particulares pueden utilizar el portal especializado de VisaHQ para Italia (https://www.visahq.com/italy/). La plataforma ofrece orientación en tiempo real, revisión de documentos y opciones de procesamiento masivo que simplifican las renovaciones y garantizan el cumplimiento de los equipos de recursos humanos.
Desde el punto de vista laboral, los ucranianos representan una parte importante de la mano de obra estacional y logística en Italia, especialmente en Lombardía y Emilia-Romaña. Este margen de 15 meses permite a las empresas planificar la plantilla para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina sin temor a interrupciones por vencimiento de permisos.
En el contexto político, la decisión de Roma llega en medio del continuo apoyo militar a Kiev y señala un respaldo sostenido, mientras otros países de la UE debaten la posible finalización de la protección temporal.
La extensión automática evita a los empleadores una sobrecarga administrativa, ya que muchos permisos vencían en marzo de 2026, lo que habría obligado a finalizar contratos o a convertir visados sujetos a cupos. Al mantener a los ucranianos fuera de los límites del Decreto Flussi, el decreto libera indirectamente plazas para otros trabajadores no comunitarios.
Los titulares deben acudir a la Questura para renovar sus tarjetas físicas, y se espera que los sistemas de reserva se reabran a mediados de enero. Las empresas deberían programar con antelación estas citas y prever un coste administrativo de entre 80 y 120 euros.
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En el contexto político, la decisión de Roma llega en medio del continuo apoyo militar a Kiev y señala un respaldo sostenido, mientras otros países de la UE debaten la posible finalización de la protección temporal.









