
El Ministerio del Interior planea enviar hasta 540 solicitantes de asilo hombres solteros a un antiguo campamento militar en desuso en Crowborough, East Sussex, a principios de enero, informa The Guardian. Los ministros consideran que esta medida es clave para cumplir la promesa del primer ministro Keir Starmer de acabar con el alojamiento en hoteles, que está costando a los contribuyentes más de 8 millones de libras al día.
La oposición local es intensa. Más de 3,000 residentes han protestado, un grupo comunitario ha recaudado 50,000 libras para una revisión judicial y el Ayuntamiento del Distrito de Wealden ha emitido un aviso por incumplimiento de planificación al Ministerio del Interior. Los críticos argumentan que la zona rural carece de infraestructura y temen que el campamento pueda repetir el fiasco de salud y seguridad que sufrió la barcaza Bibby Stockholm a principios de este año.
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Desde una perspectiva de movilidad, la decisión consolida el giro del Gobierno hacia instalaciones estatales o cuasi-militares para el procesamiento y alojamiento de solicitantes de asilo. Aunque las empresas rara vez asignan empleados a estas zonas, la imagen política del alojamiento para asilados influye directamente en el debate migratorio más amplio, afectando futuros límites y umbrales salariales que sí impactan en las visas de trabajo.
También se avecina incertidumbre legal. Si la revisión judicial promovida por los residentes avanza, los tribunales podrían examinar los poderes de planificación bajo la nueva legislación de emergencia utilizada para eludir el consentimiento local. Cualquier fallo que restrinja la autoridad central podría tener repercusiones en otros sitios propiedad del Gobierno destinados a alojamiento, prolongando la dependencia de hoteles costosos y manteniendo la presión política para endurecer las vías legales de migración.
La oposición local es intensa. Más de 3,000 residentes han protestado, un grupo comunitario ha recaudado 50,000 libras para una revisión judicial y el Ayuntamiento del Distrito de Wealden ha emitido un aviso por incumplimiento de planificación al Ministerio del Interior. Los críticos argumentan que la zona rural carece de infraestructura y temen que el campamento pueda repetir el fiasco de salud y seguridad que sufrió la barcaza Bibby Stockholm a principios de este año.
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También se avecina incertidumbre legal. Si la revisión judicial promovida por los residentes avanza, los tribunales podrían examinar los poderes de planificación bajo la nueva legislación de emergencia utilizada para eludir el consentimiento local. Cualquier fallo que restrinja la autoridad central podría tener repercusiones en otros sitios propiedad del Gobierno destinados a alojamiento, prolongando la dependencia de hoteles costosos y manteniendo la presión política para endurecer las vías legales de migración.









