
Los expertos en negocios aún están analizando todas las implicaciones del proyecto de ley C-12, pero los primeros análisis legales publicados el 23 de diciembre destacan cláusulas que permitirían al ministro de inmigración suspender o revocar categorías enteras de visas temporales. Según la propuesta del artículo 25.3 de la Ley de Protección de Inmigrantes y Refugiados, el ministro podría actuar unilateralmente hasta por 24 meses si se declara una “emergencia o circunstancia excepcional”.
Especialistas en derecho laboral consultados por Business Standard señalan que el lenguaje es lo suficientemente amplio como para abarcar desaceleraciones económicas, escasez de vivienda o picos regionales de desempleo. Una futura decisión del gabinete podría, por ejemplo, detener los Permisos de Trabajo para Posgraduados o limitar las Evaluaciones de Impacto en el Mercado Laboral para salarios altos sin previo aviso. Mecanismos similares existen en Australia y Reino Unido, pero normalmente requieren supervisión parlamentaria; el proyecto C-12 convertiría al gabinete en el único árbitro en Canadá.
Asesores en movilidad internacional destacan que plataformas como VisaHQ pueden ayudar a empresas e individuos a anticiparse a cambios repentinos en las políticas. Al monitorear actualizaciones en tiempo real para todas las categorías de permisos canadienses y automatizar trámites a través de su portal (https://www.visahq.com/canada/), VisaHQ permite a los equipos de recursos humanos preparar paquetes de solicitud conformes de manera rápida, una medida práctica si el proyecto C-12 introduce pausas o límites abruptos.
Para las multinacionales, la capacidad de trasladar talento rápidamente a operaciones en Canadá ha sido una ventaja competitiva. Ejecutivos tecnológicos en Toronto y Vancouver advierten que la confianza de los inversores podría verse afectada si las vías previsibles para el talento corren riesgo de cerrarse de forma inesperada. Colegios y universidades que reclutan estudiantes internacionales que pagan matrícula también están presionando a los senadores para modificar el proyecto, señalando que este sector aporta aproximadamente 26 mil millones de dólares canadienses anuales a la economía.
Fuentes gubernamentales responden que el “poder de pausa” es una válvula de seguridad destinada a crisis a corto plazo y estaría sujeta a revisión judicial. Aun así, abogados de inmigración aconsejan a los empleadores presentar con anticipación las solicitudes para especialistas clave y diversificar los destinos de reubicación dentro de Norteamérica hasta que el panorama regulatorio se estabilice.
Se espera que el Comité de Asuntos Legales y Constitucionales del Senado examine la disposición de pausa cuando se reanuden las audiencias el 13 de enero. Las enmiendas podrían restringir la definición de “emergencia” o exigir notificación previa a las partes interesadas. Hasta entonces, las empresas deberían identificar los roles críticos dependientes de visas temporales y preparar a la alta dirección para la planificación de escenarios posibles.
Especialistas en derecho laboral consultados por Business Standard señalan que el lenguaje es lo suficientemente amplio como para abarcar desaceleraciones económicas, escasez de vivienda o picos regionales de desempleo. Una futura decisión del gabinete podría, por ejemplo, detener los Permisos de Trabajo para Posgraduados o limitar las Evaluaciones de Impacto en el Mercado Laboral para salarios altos sin previo aviso. Mecanismos similares existen en Australia y Reino Unido, pero normalmente requieren supervisión parlamentaria; el proyecto C-12 convertiría al gabinete en el único árbitro en Canadá.
Asesores en movilidad internacional destacan que plataformas como VisaHQ pueden ayudar a empresas e individuos a anticiparse a cambios repentinos en las políticas. Al monitorear actualizaciones en tiempo real para todas las categorías de permisos canadienses y automatizar trámites a través de su portal (https://www.visahq.com/canada/), VisaHQ permite a los equipos de recursos humanos preparar paquetes de solicitud conformes de manera rápida, una medida práctica si el proyecto C-12 introduce pausas o límites abruptos.
Para las multinacionales, la capacidad de trasladar talento rápidamente a operaciones en Canadá ha sido una ventaja competitiva. Ejecutivos tecnológicos en Toronto y Vancouver advierten que la confianza de los inversores podría verse afectada si las vías previsibles para el talento corren riesgo de cerrarse de forma inesperada. Colegios y universidades que reclutan estudiantes internacionales que pagan matrícula también están presionando a los senadores para modificar el proyecto, señalando que este sector aporta aproximadamente 26 mil millones de dólares canadienses anuales a la economía.
Fuentes gubernamentales responden que el “poder de pausa” es una válvula de seguridad destinada a crisis a corto plazo y estaría sujeta a revisión judicial. Aun así, abogados de inmigración aconsejan a los empleadores presentar con anticipación las solicitudes para especialistas clave y diversificar los destinos de reubicación dentro de Norteamérica hasta que el panorama regulatorio se estabilice.
Se espera que el Comité de Asuntos Legales y Constitucionales del Senado examine la disposición de pausa cuando se reanuden las audiencias el 13 de enero. Las enmiendas podrían restringir la definición de “emergencia” o exigir notificación previa a las partes interesadas. Hasta entonces, las empresas deberían identificar los roles críticos dependientes de visas temporales y preparar a la alta dirección para la planificación de escenarios posibles.









