
Estadísticas recientes publicadas el 23 de diciembre revelan que Bélgica alberga a más de 13,000 presos en cárceles diseñadas para 11,000, y que más del 40 % de los reclusos son extranjeros, de los cuales el 31 % carece de estatus legal de residencia.
Las cifras, reportadas inicialmente por The European Conservative, han desatado una tormenta política. El partido de oposición Vlaams Belang calificó la situación como una “bomba de tiempo” después de que una noche de este mes 672 presos durmieran en colchones en el suelo. El partido de derecha renovó su llamado para trasladar a los delincuentes extranjeros a centros penitenciarios en sus países de origen, argumentando que esto liberaría camas y reduciría las horas extras del personal penitenciario.
La ministra de Justicia, Annelies Verlinden, y la ministra de Migración, Anneleen Van Bossuyt, están explorando acuerdos bilaterales con Albania y Kosovo para construir cárceles satélite en el extranjero, un concepto que Bélgica planteó en octubre tras una visita de estudio a Tirana y Pristina. Críticos de ONG de derechos humanos advierten que la detención en el extranjero podría violar las garantías fundamentales de la UE, mientras que los sindicatos penitenciarios alertan que el hacinamiento compromete la seguridad de los guardias y los programas de rehabilitación.
Para las empresas que navegan el cada vez más complejo entorno migratorio belga, VisaHQ puede ayudar a simplificar el proceso. El portal de la compañía para Bélgica (https://www.visahq.com/belgium/) ofrece orientación actualizada y asistencia práctica para visas Schengen, permisos de trabajo y renovaciones de residencia, reduciendo el riesgo de errores administrativos que podrían desencadenar auditorías de cumplimiento o detenciones.
Para los actores de la movilidad global, el escándalo subraya la postura más estricta del gobierno belga frente a la migración irregular. Las empresas que emplean trabajadores extranjeros podrían enfrentar controles de antecedentes más rigurosos al patrocinar permisos de trabajo, y los nacionales de terceros países que excedan su estancia podrían ser detenidos más rápidamente en espera de su expulsión. Los abogados de inmigración prevén un aumento en las órdenes de deportación en 2026 si se libera capacidad.
Por ello, se recomienda a las multinacionales auditar sus procesos de cumplimiento, asegurar el registro puntual de las tarjetas de residencia y mantener registros claros de impuestos sobre nómina y contribuciones a la seguridad social, ya que las irregularidades pueden afectar las solicitudes de renovación. Aunque no se ha presentado ningún cambio legislativo inmediato, fuentes internas creen que el gabinete De Wever incluirá medidas para facilitar deportaciones en su propuesta presupuestaria para 2026.
Las cifras, reportadas inicialmente por The European Conservative, han desatado una tormenta política. El partido de oposición Vlaams Belang calificó la situación como una “bomba de tiempo” después de que una noche de este mes 672 presos durmieran en colchones en el suelo. El partido de derecha renovó su llamado para trasladar a los delincuentes extranjeros a centros penitenciarios en sus países de origen, argumentando que esto liberaría camas y reduciría las horas extras del personal penitenciario.
La ministra de Justicia, Annelies Verlinden, y la ministra de Migración, Anneleen Van Bossuyt, están explorando acuerdos bilaterales con Albania y Kosovo para construir cárceles satélite en el extranjero, un concepto que Bélgica planteó en octubre tras una visita de estudio a Tirana y Pristina. Críticos de ONG de derechos humanos advierten que la detención en el extranjero podría violar las garantías fundamentales de la UE, mientras que los sindicatos penitenciarios alertan que el hacinamiento compromete la seguridad de los guardias y los programas de rehabilitación.
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Para los actores de la movilidad global, el escándalo subraya la postura más estricta del gobierno belga frente a la migración irregular. Las empresas que emplean trabajadores extranjeros podrían enfrentar controles de antecedentes más rigurosos al patrocinar permisos de trabajo, y los nacionales de terceros países que excedan su estancia podrían ser detenidos más rápidamente en espera de su expulsión. Los abogados de inmigración prevén un aumento en las órdenes de deportación en 2026 si se libera capacidad.
Por ello, se recomienda a las multinacionales auditar sus procesos de cumplimiento, asegurar el registro puntual de las tarjetas de residencia y mantener registros claros de impuestos sobre nómina y contribuciones a la seguridad social, ya que las irregularidades pueden afectar las solicitudes de renovación. Aunque no se ha presentado ningún cambio legislativo inmediato, fuentes internas creen que el gabinete De Wever incluirá medidas para facilitar deportaciones en su propuesta presupuestaria para 2026.








