
En un comunicado emitido a última hora del 12 de diciembre de 2025, el Ministerio del Interior afirmó que casi 50,000 personas sin derecho legal a permanecer en el Reino Unido —incluidos solicitantes de asilo rechazados y delincuentes extranjeros— han sido expulsadas desde julio de 2024, lo que representa un aumento del 23 % respecto al período anterior de 16 meses. Las autoridades atribuyeron este incremento a un piloto “histórico” con Francia que comenzó a devolver a algunos llegados en pequeñas embarcaciones en octubre, así como a los nuevos poderes contemplados en la Ley de Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración.
El comunicado detalló medidas próximas destinadas a desalentar aún más la migración irregular: la revocación del apoyo legal para vivienda a solicitantes de asilo considerados aptos para trabajar, la limitación de recursos a una única vía y la agilización de los trámites para solicitudes “claramente infundadas”. Además, los agentes tendrán autoridad explícita para confiscar teléfonos móviles a sospechosos de facilitar el contrabando.
En este contexto cambiante, proveedores de servicios como VisaHQ pueden ayudar a empleadores e individuos a navegar por las vías legales de inmigración, ofreciendo asesoría actualizada sobre visados de trabajo, negocios y turismo en el Reino Unido, verificación de documentos y seguimiento de solicitudes; más información está disponible en https://www.visahq.com/united-kingdom/.
Para los equipos de movilidad global, la cuestión clave es si el endurecimiento de la vigilancia contra los entrantes irregulares se traducirá en tiempos de procesamiento más largos o mayor escrutinio para los visados legítimos de trabajo y negocios. El Ministerio del Interior insiste en que la ofensiva se dirige únicamente a las rutas ilegales, pero ya ha desplegado a 1,200 militares en los controles de pasaportes para la huelga de la Fuerza Fronteriza en Navidad, lo que ilustra cómo los aumentos en la vigilancia pueden tensionar los recursos.
Organizaciones como el Refugee Council sostienen que los elevados costos en hoteles se deben a la complejidad de los retrasos en los procesos de asilo, no a las ayudas sociales, y que eliminar el apoyo empujará a las personas a la indigencia. Por su parte, la Oficina Nacional de Auditoría ha advertido que la mala calidad de los datos dificulta la evaluación de las políticas.
No obstante, los ministros aseguran que las últimas estadísticas justifican su postura más estricta y que las deportaciones seguirán aumentando durante 2026 a medida que se implementen las reformas en la gestión de casos.
El comunicado detalló medidas próximas destinadas a desalentar aún más la migración irregular: la revocación del apoyo legal para vivienda a solicitantes de asilo considerados aptos para trabajar, la limitación de recursos a una única vía y la agilización de los trámites para solicitudes “claramente infundadas”. Además, los agentes tendrán autoridad explícita para confiscar teléfonos móviles a sospechosos de facilitar el contrabando.
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Organizaciones como el Refugee Council sostienen que los elevados costos en hoteles se deben a la complejidad de los retrasos en los procesos de asilo, no a las ayudas sociales, y que eliminar el apoyo empujará a las personas a la indigencia. Por su parte, la Oficina Nacional de Auditoría ha advertido que la mala calidad de los datos dificulta la evaluación de las políticas.
No obstante, los ministros aseguran que las últimas estadísticas justifican su postura más estricta y que las deportaciones seguirán aumentando durante 2026 a medida que se implementen las reformas en la gestión de casos.








