
Reunidos en Bruselas el 9 de diciembre, los ministros del Interior de la UE dieron luz verde definitiva a una profunda reforma de las normas migratorias del bloque, allanando el camino para nuevos ‘centros de retorno’ fuera del territorio comunitario y estándares más estrictos para las repatriaciones. El acuerdo respalda explícitamente el pacto bilateral de Italia con Albania, permitiendo que dos centros en el puerto de Shëngjin funcionen como instalaciones de repatriación para solicitantes de asilo rechazados una vez que las normas entren en vigor en junio de 2026.
El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, celebró el resultado, afirmando que “confirma el modelo piloto de Italia” y garantiza que otros Estados miembros deberán compartir ahora el coste de gestionar los flujos irregulares en el Mediterráneo. Bajo el nuevo sistema, los países bajo alta presión migratoria —una lista que incluye a Italia, Grecia, España y Chipre— tendrán derecho a solidaridad mediante reubicaciones o contribuciones financieras de otros miembros de la UE.
El reglamento también amplía la lista de la UE de “terceros países seguros” y “países de origen seguros”, lo que permitirá rechazar más rápidamente las solicitudes consideradas manifiestamente infundadas. Las ONG de derechos humanos criticaron el paquete como un plan para externalizar las obligaciones de asilo y normalizar la detención, pero los países del sur sostienen que disuadirá los peligrosos cruces marítimos al señalar devoluciones rápidas.
Para los planificadores de movilidad global, el impacto inmediato es reputacional: los empleados que transiten por aeropuertos italianos podrían enfrentar preguntas sobre los centros de procesamiento en el extranjero. A medio plazo, las empresas deben esperar controles de salida más rigurosos cuando finalicen los contratos de los titulares de permisos de trabajo; los que se queden más tiempo podrían ser canalizados hacia procedimientos de retorno gestionados desde Albania.
Por ello, las empresas que trasladen personal a Italia deberían reforzar los protocolos de finalización de asignaciones, asegurando la cancelación rápida de los permisos de residencia y conservando la documentación de salida en caso de que las autoridades cuestionen a quienes se hayan quedado más tiempo durante auditorías.
El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, celebró el resultado, afirmando que “confirma el modelo piloto de Italia” y garantiza que otros Estados miembros deberán compartir ahora el coste de gestionar los flujos irregulares en el Mediterráneo. Bajo el nuevo sistema, los países bajo alta presión migratoria —una lista que incluye a Italia, Grecia, España y Chipre— tendrán derecho a solidaridad mediante reubicaciones o contribuciones financieras de otros miembros de la UE.
El reglamento también amplía la lista de la UE de “terceros países seguros” y “países de origen seguros”, lo que permitirá rechazar más rápidamente las solicitudes consideradas manifiestamente infundadas. Las ONG de derechos humanos criticaron el paquete como un plan para externalizar las obligaciones de asilo y normalizar la detención, pero los países del sur sostienen que disuadirá los peligrosos cruces marítimos al señalar devoluciones rápidas.
Para los planificadores de movilidad global, el impacto inmediato es reputacional: los empleados que transiten por aeropuertos italianos podrían enfrentar preguntas sobre los centros de procesamiento en el extranjero. A medio plazo, las empresas deben esperar controles de salida más rigurosos cuando finalicen los contratos de los titulares de permisos de trabajo; los que se queden más tiempo podrían ser canalizados hacia procedimientos de retorno gestionados desde Albania.
Por ello, las empresas que trasladen personal a Italia deberían reforzar los protocolos de finalización de asignaciones, asegurando la cancelación rápida de los permisos de residencia y conservando la documentación de salida en caso de que las autoridades cuestionen a quienes se hayan quedado más tiempo durante auditorías.










