
El 8 de diciembre, los gobiernos de la UE adoptaron sus posiciones negociadoras sobre dos piezas legislativas clave: una lista común de “países de origen seguros” y un Reglamento de Retorno de la UE que armonizará los procedimientos de deportación y permitirá la detención de migrantes que ignoren las órdenes de salida voluntaria. Italia apoyó el compromiso, argumentando que unos estándares uniformes aliviarán la presión sobre su sistema de asilo y reducirán los movimientos secundarios hacia el norte dentro del espacio Schengen.
La propuesta de asilo permite a los Estados miembros negar protección a solicitantes que podrían haber buscado refugio en un tercer país seguro. Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez están entre los países preliminarmente incluidos en la lista. El expediente de retorno introduce el concepto de “centros de retorno” a nivel de la UE, en línea con la experiencia italiana con instalaciones en Albania.
Organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, condenaron las medidas por considerarlas punitivas y por dejar a los migrantes en un limbo legal. Los sectores empresariales son más optimistas, previniendo que una tramitación más rápida liberará recursos administrativos para casos de permisos de trabajo y reducirá los retrasos que actualmente afectan a las visas de reunificación familiar.
Para los empleadores, el efecto práctico será un escrutinio más riguroso de los motivos humanitarios al patrocinar a familiares de empleados. Los equipos de recursos humanos también deben vigilar si las normas de detención por órdenes de retorno se incorporan a la legislación nacional, lo que podría afectar a empleados que excedan la vigencia de sus permisos.
Ahora, el Consejo debe negociar con el Parlamento Europeo; se esperan los textos finales para mediados de 2026, dejando un margen estrecho para que las empresas adapten sus protocolos de cumplimiento antes de la implementación.
La propuesta de asilo permite a los Estados miembros negar protección a solicitantes que podrían haber buscado refugio en un tercer país seguro. Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez están entre los países preliminarmente incluidos en la lista. El expediente de retorno introduce el concepto de “centros de retorno” a nivel de la UE, en línea con la experiencia italiana con instalaciones en Albania.
Organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, condenaron las medidas por considerarlas punitivas y por dejar a los migrantes en un limbo legal. Los sectores empresariales son más optimistas, previniendo que una tramitación más rápida liberará recursos administrativos para casos de permisos de trabajo y reducirá los retrasos que actualmente afectan a las visas de reunificación familiar.
Para los empleadores, el efecto práctico será un escrutinio más riguroso de los motivos humanitarios al patrocinar a familiares de empleados. Los equipos de recursos humanos también deben vigilar si las normas de detención por órdenes de retorno se incorporan a la legislación nacional, lo que podría afectar a empleados que excedan la vigencia de sus permisos.
Ahora, el Consejo debe negociar con el Parlamento Europeo; se esperan los textos finales para mediados de 2026, dejando un margen estrecho para que las empresas adapten sus protocolos de cumplimiento antes de la implementación.










