
En la reunión celebrada en Bruselas el 8 de diciembre, los ministros de Interior de la UE, presididos por Alexander Dobrindt de Alemania bajo la presidencia rotatoria, adoptaron su posición final de negociación sobre dos archivos clave del Pacto sobre Migración y Asilo. El primer reglamento establece un procedimiento de selección estandarizado y permite a los Estados miembros rechazar a solicitantes que podrían obtener protección en un tercer país designado como “seguro”. El segundo armoniza las normas de retorno, permitiendo la detención de hasta 18 meses para migrantes que ignoren las órdenes de salida voluntaria y creando “centros de retorno” financiados por la UE fuera del bloque.
Para Alemania, el acuerdo encaja perfectamente con la legislación nacional aprobada ese mismo fin de semana en el Bundestag. Funcionarios informaron a los medios que Berlín planea transponer la lista europea de países seguros “en cuestión de semanas”, utilizando los nuevos poderes otorgados al Ministerio del Interior. Esto alinearía la práctica nacional con los estándares de la UE y evitaría futuros procedimientos de infracción.
Las cámaras empresariales alemanas apoyan en gran medida las reformas, argumentando que procedimientos predecibles reducirán los retrasos en los procesos de asilo y liberarán capacidad administrativa para la tramitación de visados de trabajo. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos condenan el paquete por externalizar las obligaciones de protección y normalizar la detención prolongada.
Las negociaciones trilaterales con el Parlamento Europeo comienzan el 15 de diciembre. Si se alcanza un acuerdo antes de fin de año, los reglamentos podrían aplicarse a partir de mediados de 2026, un calendario ajustado que obliga a los equipos de recursos humanos a seguir de cerca tanto Bruselas como Berlín para los decretos de implementación y a actualizar las evaluaciones de riesgo de movilidad, especialmente para los empleados desplazados procedentes de los nuevos países “seguros” listados.
Para Alemania, el acuerdo encaja perfectamente con la legislación nacional aprobada ese mismo fin de semana en el Bundestag. Funcionarios informaron a los medios que Berlín planea transponer la lista europea de países seguros “en cuestión de semanas”, utilizando los nuevos poderes otorgados al Ministerio del Interior. Esto alinearía la práctica nacional con los estándares de la UE y evitaría futuros procedimientos de infracción.
Las cámaras empresariales alemanas apoyan en gran medida las reformas, argumentando que procedimientos predecibles reducirán los retrasos en los procesos de asilo y liberarán capacidad administrativa para la tramitación de visados de trabajo. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos condenan el paquete por externalizar las obligaciones de protección y normalizar la detención prolongada.
Las negociaciones trilaterales con el Parlamento Europeo comienzan el 15 de diciembre. Si se alcanza un acuerdo antes de fin de año, los reglamentos podrían aplicarse a partir de mediados de 2026, un calendario ajustado que obliga a los equipos de recursos humanos a seguir de cerca tanto Bruselas como Berlín para los decretos de implementación y a actualizar las evaluaciones de riesgo de movilidad, especialmente para los empleados desplazados procedentes de los nuevos países “seguros” listados.






