
En la reunión celebrada en Bruselas el 8 de diciembre, los ministros del Interior de la UE finalizaron el primer Fondo Anual de Solidaridad bajo el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Mientras que los Estados miembros se comprometieron colectivamente a reubicar personas o aportar 420 millones de euros para países en primera línea como Italia y Grecia, la República Checa logró una exención total de los pagos financieros para 2026.
Los diplomáticos de Praga argumentaron que acoger a casi 400,000 ucranianos bajo Protección Temporal ya sobrecarga los sistemas de vivienda, salud y educación. Según la fórmula del pacto, los países considerados bajo “presión migratoria significativa” pueden evitar las contribuciones. Esta exención significa que Chequia no tendrá que pagar la tasa prevista de 22 millones de euros el próximo año, liberando presupuesto para programas de integración interna.
Asesores corporativos en inmigración señalan que la decisión reduce la presión fiscal a corto plazo para recortes en el personal de tramitación de permisos de trabajo, una preocupación que había crecido tras la instrucción a las agencias de identificar ahorros para la contribución. Sin embargo, Bruselas advirtió que la exención es temporal; si disminuyen los refugiados, Chequia podría ser nuevamente requerida para contribuir a partir de 2027.
Las ONG recibieron con agrado el alivio, pero instaron al nuevo gobierno de Babiš a invertir los fondos ahorrados en formación lingüística y centros de evaluación de habilidades que aceleren la incorporación de ucranianos a sectores con escasez de mano de obra cualificada. Los grupos empresariales coinciden, señalando las vacantes persistentes en TI y construcción.
Por ahora, los empleadores pueden esperar que las vías rápidas existentes para nacionales ucranianos sigan financiadas en los niveles actuales, evitando los temores de retrasos que surgieron en las negociaciones presupuestarias de otoño.
Los diplomáticos de Praga argumentaron que acoger a casi 400,000 ucranianos bajo Protección Temporal ya sobrecarga los sistemas de vivienda, salud y educación. Según la fórmula del pacto, los países considerados bajo “presión migratoria significativa” pueden evitar las contribuciones. Esta exención significa que Chequia no tendrá que pagar la tasa prevista de 22 millones de euros el próximo año, liberando presupuesto para programas de integración interna.
Asesores corporativos en inmigración señalan que la decisión reduce la presión fiscal a corto plazo para recortes en el personal de tramitación de permisos de trabajo, una preocupación que había crecido tras la instrucción a las agencias de identificar ahorros para la contribución. Sin embargo, Bruselas advirtió que la exención es temporal; si disminuyen los refugiados, Chequia podría ser nuevamente requerida para contribuir a partir de 2027.
Las ONG recibieron con agrado el alivio, pero instaron al nuevo gobierno de Babiš a invertir los fondos ahorrados en formación lingüística y centros de evaluación de habilidades que aceleren la incorporación de ucranianos a sectores con escasez de mano de obra cualificada. Los grupos empresariales coinciden, señalando las vacantes persistentes en TI y construcción.
Por ahora, los empleadores pueden esperar que las vías rápidas existentes para nacionales ucranianos sigan financiadas en los niveles actuales, evitando los temores de retrasos que surgieron en las negociaciones presupuestarias de otoño.









