
En una votación dramática en Bruselas el 6 de diciembre, el Partido Popular Europeo (PPE) rompió con sus aliados centristas tradicionales y se unió a grupos de extrema derecha para impulsar dos controvertidos expedientes migratorios en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento. La coalición gobernante de Italia hizo una fuerte presión a favor de estos proyectos, viéndolos como un modelo para una gestión fronteriza más estricta de cara al Jubileo de 2026 y a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.
El primer reglamento permitiría a los estados de la UE transferir a solicitantes de asilo a “terceros países seguros” incluso si la persona no tiene ningún vínculo personal con ese país, en línea con el reciente acuerdo de Italia para procesar a ciertos migrantes en Albania. La segunda medida crea una lista ampliada a nivel europeo de “países de origen seguros”, acelerando el rechazo de solicitantes procedentes de esos estados. Ambos textos pasarán ahora al Consejo de Justicia e Interior del 8 de diciembre, donde se espera que los ministros del interior de los estados miembros (incluido Matteo Piantedosi de Italia) los aprueben sin modificaciones.
Para Italia, este paquete es una victoria diplomática: valida el argumento de Roma de que los flujos irregulares a través del Mediterráneo central requieren una respuesta más firme a nivel de bloque y ofrece cobertura legal para los experimentos de procesamiento en terceros países. Por su parte, las empresas prevén efectos colaterales en las reubicaciones corporativas y en los empleados desplazados que dependen de las disposiciones de la UE sobre reunificación familiar y cambio de estatus; la definición más estricta de “seguro” podría reducir el talento procedente de países como Túnez, Bangladesh o Georgia.
ONGs de derechos humanos y varios eurodiputados liberales advierten que las reformas podrían violar el principio de no devolución y desencadenar nuevos litigios ante el Tribunal de Justicia de la UE. Las cámaras de comercio italianas en el norte de África temen que calificar a más países como “seguros” sin abrir canales paralelos de migración laboral empuje a los trabajadores potenciales a rutas irregulares, aumentando las muertes en el mar y los costos de seguro para las navieras que deben realizar rescates.
Si se adoptan sin cambios, las normas podrían entrar en vigor a finales de 2026, justo cuando el nuevo Sistema de Entrada/Salida de la UE esté plenamente operativo. Los gestores de movilidad global deben revisar las cláusulas de contingencia para asilo, los plazos de reunificación familiar y la formación en cumplimiento para los planificadores de desplazamientos en sectores que contratan en los países afectados.
El primer reglamento permitiría a los estados de la UE transferir a solicitantes de asilo a “terceros países seguros” incluso si la persona no tiene ningún vínculo personal con ese país, en línea con el reciente acuerdo de Italia para procesar a ciertos migrantes en Albania. La segunda medida crea una lista ampliada a nivel europeo de “países de origen seguros”, acelerando el rechazo de solicitantes procedentes de esos estados. Ambos textos pasarán ahora al Consejo de Justicia e Interior del 8 de diciembre, donde se espera que los ministros del interior de los estados miembros (incluido Matteo Piantedosi de Italia) los aprueben sin modificaciones.
Para Italia, este paquete es una victoria diplomática: valida el argumento de Roma de que los flujos irregulares a través del Mediterráneo central requieren una respuesta más firme a nivel de bloque y ofrece cobertura legal para los experimentos de procesamiento en terceros países. Por su parte, las empresas prevén efectos colaterales en las reubicaciones corporativas y en los empleados desplazados que dependen de las disposiciones de la UE sobre reunificación familiar y cambio de estatus; la definición más estricta de “seguro” podría reducir el talento procedente de países como Túnez, Bangladesh o Georgia.
ONGs de derechos humanos y varios eurodiputados liberales advierten que las reformas podrían violar el principio de no devolución y desencadenar nuevos litigios ante el Tribunal de Justicia de la UE. Las cámaras de comercio italianas en el norte de África temen que calificar a más países como “seguros” sin abrir canales paralelos de migración laboral empuje a los trabajadores potenciales a rutas irregulares, aumentando las muertes en el mar y los costos de seguro para las navieras que deben realizar rescates.
Si se adoptan sin cambios, las normas podrían entrar en vigor a finales de 2026, justo cuando el nuevo Sistema de Entrada/Salida de la UE esté plenamente operativo. Los gestores de movilidad global deben revisar las cláusulas de contingencia para asilo, los plazos de reunificación familiar y la formación en cumplimiento para los planificadores de desplazamientos en sectores que contratan en los países afectados.









