
Chipre ha firmado un acuerdo de implementación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para establecer el primer Centro de Retornos Voluntarios Asistidos (RVA) en la isla, con un valor de 1,05 millones de francos suizos (≈ 1,1 millones de euros). El acuerdo, finalizado el 4 de diciembre y anunciado el 6 de diciembre, está financiado íntegramente por la Segunda Contribución de Suiza al Fondo de Migración de la UE.
Esta instalación, con capacidad para 40 personas, preparará a solicitantes de asilo vulnerables —especialmente familias, menores no acompañados y personas con necesidades médicas— para un retorno digno a sus países de origen. Los servicios incluirán exámenes médicos, asesoramiento psicológico, obtención de documentos de viaje y planificación de la reintegración.
Funcionarios del Viceministerio de Migración y Protección Internacional señalan que este centro es clave en el cambio de Chipre hacia una estrategia migratoria centrada en los retornos, con el objetivo de aliviar la presión sobre los centros de acogida saturados y mejorar la posición de la isla en las negociaciones sobre la distribución de responsabilidades en la UE.
Para los empleadores, el proyecto podría acelerar la salida de solicitantes de asilo rechazados que actualmente permanecen en el mercado laboral con derechos de trabajo provisionales, reduciendo así los riesgos de incumplimiento. Las empresas que dependen de mano de obra de terceros países deberían seguir de cerca los plazos y considerar vías alternativas de reclutamiento.
Esta instalación, con capacidad para 40 personas, preparará a solicitantes de asilo vulnerables —especialmente familias, menores no acompañados y personas con necesidades médicas— para un retorno digno a sus países de origen. Los servicios incluirán exámenes médicos, asesoramiento psicológico, obtención de documentos de viaje y planificación de la reintegración.
Funcionarios del Viceministerio de Migración y Protección Internacional señalan que este centro es clave en el cambio de Chipre hacia una estrategia migratoria centrada en los retornos, con el objetivo de aliviar la presión sobre los centros de acogida saturados y mejorar la posición de la isla en las negociaciones sobre la distribución de responsabilidades en la UE.
Para los empleadores, el proyecto podría acelerar la salida de solicitantes de asilo rechazados que actualmente permanecen en el mercado laboral con derechos de trabajo provisionales, reduciendo así los riesgos de incumplimiento. Las empresas que dependen de mano de obra de terceros países deberían seguir de cerca los plazos y considerar vías alternativas de reclutamiento.








