
Italia ha publicado oficialmente el tan esperado ‘Decreto Flujos Presidencial’ que establece las cuotas de inmigración para 2026-2028, confirmando 497.550 nuevos permisos de trabajo para ese período de tres años. La distribución asigna 164.850 permisos para 2026, 165.850 para 2027 y 166.850 para 2028. La agricultura estacional y el turismo predominan, con 267.000 plazas, mientras que 230.550 visados se reservan para trabajadores no estacionales y autónomos; además, 20.000 permisos permitirán a titulares de otros permisos de residencia italianos convertirlos en permisos de trabajo.
Estas cifras representan un aumento del 10 % respecto a la cuota 2023-25 y reflejan la creciente presión demográfica: ISTAT proyecta que la fuerza laboral italiana disminuirá en 3 millones en la próxima década. La organización empresarial Coldiretti calificó el decreto como “crucial para salvar la cosecha del próximo año”, destacando que la mano de obra extranjera ya representa un tercio de los empleados agrícolas. Sin embargo, los empleadores siguen frustrados con la carrera del ‘click-day’ para solicitar cuotas; el Ministerio del Interior insinuó que podría flexibilizar este sistema para ocupaciones en escasez en el futuro.
Las fechas clave ya están marcadas en las agendas de recursos humanos. El portal de precompilación en línea abrirá el 23 de octubre de 2026, con ventanas escalonadas de presentación en enero y febrero. Empresas con alta demanda estacional —hoteles, viñedos, procesadoras de alimentos— aconsejan a sus equipos de movilidad global comenzar la recopilación de documentos con meses de antelación y coordinarse con consulados de confianza.
La oposición criticó a la primera ministra Giorgia Meloni por ampliar la migración legal mientras hacía campaña en torno a la seguridad fronteriza, pero los grupos empresariales argumentan que sin nuevo talento Italia no puede sostener su industria exportadora ni cuidar a su población envejecida. El decreto también mantiene un canal especial que permite la entrada anual de hasta 10.000 cuidadores para personas mayores y discapacitadas fuera de la cuota, ahora extendido hasta 2028.
Para los empleadores multinacionales el mensaje es claro: planificar con anticipación, presupuestar mayores costos legales y estar preparados para demostrar el cumplimiento; el Ministerio de Trabajo ha prometido auditorías más estrictas tras la llegada, luego de escándalos en 2024 relacionados con contratos falsificados.
Estas cifras representan un aumento del 10 % respecto a la cuota 2023-25 y reflejan la creciente presión demográfica: ISTAT proyecta que la fuerza laboral italiana disminuirá en 3 millones en la próxima década. La organización empresarial Coldiretti calificó el decreto como “crucial para salvar la cosecha del próximo año”, destacando que la mano de obra extranjera ya representa un tercio de los empleados agrícolas. Sin embargo, los empleadores siguen frustrados con la carrera del ‘click-day’ para solicitar cuotas; el Ministerio del Interior insinuó que podría flexibilizar este sistema para ocupaciones en escasez en el futuro.
Las fechas clave ya están marcadas en las agendas de recursos humanos. El portal de precompilación en línea abrirá el 23 de octubre de 2026, con ventanas escalonadas de presentación en enero y febrero. Empresas con alta demanda estacional —hoteles, viñedos, procesadoras de alimentos— aconsejan a sus equipos de movilidad global comenzar la recopilación de documentos con meses de antelación y coordinarse con consulados de confianza.
La oposición criticó a la primera ministra Giorgia Meloni por ampliar la migración legal mientras hacía campaña en torno a la seguridad fronteriza, pero los grupos empresariales argumentan que sin nuevo talento Italia no puede sostener su industria exportadora ni cuidar a su población envejecida. El decreto también mantiene un canal especial que permite la entrada anual de hasta 10.000 cuidadores para personas mayores y discapacitadas fuera de la cuota, ahora extendido hasta 2028.
Para los empleadores multinacionales el mensaje es claro: planificar con anticipación, presupuestar mayores costos legales y estar preparados para demostrar el cumplimiento; el Ministerio de Trabajo ha prometido auditorías más estrictas tras la llegada, luego de escándalos en 2024 relacionados con contratos falsificados.









