
El Ministerio Federal del Interior de Alemania anunció el viernes que “actuará con prontitud” tras la inusual decisión del Tribunal Constitucional Federal de ordenar directamente al gobierno que emita una resolución sobre las solicitudes de visa de un exjuez afgano y su familia, quienes llevan meses varados en Pakistán.
El juez trabajó en los tribunales antiterroristas de Afganistán y dictó sentencias contra miembros talibanes. Cuando los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021, huyó con su esposa y tres hijos a Islamabad, donde han vivido en un limbo legal desde entonces. Berlín ya había admitido a la familia en su programa de reubicación para afganos en riesgo, pero el procesamiento bajo ese esquema se congeló a principios de este año debido a presiones políticas internas para frenar la migración irregular. Aproximadamente otros 2.000 afganos aprobados permanecen atrapados en Pakistán por la misma razón.
El jueves por la noche, el Tribunal Constitucional invocó sus poderes de emergencia, señalando que la amenaza de deportación de Pakistán de regreso a Afganistán ponía en peligro inminente la vida de la familia y que “no existen motivos suficientes para retrasar el trámite de las visas.” El tribunal evitó a los tribunales inferiores y dio al gobierno un plazo firme para emitir una decisión, citando la “urgencia excepcional” de la familia.
Analistas legales señalan que esta sentencia es un recordatorio contundente de que los compromisos humanitarios prevalecen sobre los cambios en la política migratoria. En la práctica, esto significa que el Ministerio del Interior debe ahora instruir al personal consular alemán en Islamabad para finalizar las visas, organizar el viaje y coordinar la recepción en Alemania — pasos que normalmente toman meses — en cuestión de días.
Para empleadores multinacionales, el caso subraya que los plazos impuestos por la justicia pueden acelerar de forma inesperada trámites humanitarios o de visas especiales estancados. Las empresas que patrocinan a empleados o contratistas afganos en riesgo deberían estar atentas a casos similares, ya que podrían abrir ventanas excepcionales para avanzar solicitudes pendientes desde hace mucho tiempo.
El juez trabajó en los tribunales antiterroristas de Afganistán y dictó sentencias contra miembros talibanes. Cuando los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021, huyó con su esposa y tres hijos a Islamabad, donde han vivido en un limbo legal desde entonces. Berlín ya había admitido a la familia en su programa de reubicación para afganos en riesgo, pero el procesamiento bajo ese esquema se congeló a principios de este año debido a presiones políticas internas para frenar la migración irregular. Aproximadamente otros 2.000 afganos aprobados permanecen atrapados en Pakistán por la misma razón.
El jueves por la noche, el Tribunal Constitucional invocó sus poderes de emergencia, señalando que la amenaza de deportación de Pakistán de regreso a Afganistán ponía en peligro inminente la vida de la familia y que “no existen motivos suficientes para retrasar el trámite de las visas.” El tribunal evitó a los tribunales inferiores y dio al gobierno un plazo firme para emitir una decisión, citando la “urgencia excepcional” de la familia.
Analistas legales señalan que esta sentencia es un recordatorio contundente de que los compromisos humanitarios prevalecen sobre los cambios en la política migratoria. En la práctica, esto significa que el Ministerio del Interior debe ahora instruir al personal consular alemán en Islamabad para finalizar las visas, organizar el viaje y coordinar la recepción en Alemania — pasos que normalmente toman meses — en cuestión de días.
Para empleadores multinacionales, el caso subraya que los plazos impuestos por la justicia pueden acelerar de forma inesperada trámites humanitarios o de visas especiales estancados. Las empresas que patrocinan a empleados o contratistas afganos en riesgo deberían estar atentas a casos similares, ya que podrían abrir ventanas excepcionales para avanzar solicitudes pendientes desde hace mucho tiempo.








