
En una votación polémica el 5 de diciembre, el Bundestag alemán aprobó una ley que permite al gobierno federal designar nuevos “países de origen seguros” mediante regulación, sin necesidad de una legislación completa. La coalición CDU/CSU y SPD impulsó la medida con 455 votos a favor y 130 en contra, mientras que los diputados de Los Verdes y La Izquierda se opusieron.
Según la normativa de la UE, las solicitudes de asilo de nacionales de un país considerado “seguro” se tramitan mediante un procedimiento acelerado y casi siempre son rechazadas. Hasta ahora, Alemania solo podía añadir países a esta lista mediante una ley aprobada por ambas cámaras del parlamento. El nuevo marco permite al gabinete actuar unilateralmente, con el único requisito del consentimiento del Bundesrat cuando el cambio afecte a casos del artículo 16a (asilo constitucional).
El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, defendió que la reforma disuadirá las solicitudes “claramente infundadas” y liberará recursos para quienes realmente necesitan protección. Los críticos advierten que el poder ejecutivo para declarar la seguridad podría convertirse en una herramienta política y debilitar los derechos individuales, especialmente porque el mismo proyecto elimina la obligación de nombrar un abogado en las audiencias de detención para deportación.
Para los empleadores, las decisiones negativas más rápidas significan que los nacionales no protegidos tendrán menos tiempo para permanecer en Alemania y buscar vías alternativas de residencia, como visas de formación o trabajo. Los equipos de movilidad global deben revisar la composición nacional de su plantilla y prepararse para plazos más estrictos si los empleados pierden el estatus de solicitantes de asilo.
Se espera que el Ministerio del Interior presente un primer listado de países candidatos —que incluiría a Georgia, Moldavia y partes de los Balcanes Occidentales— a principios de 2026, tras consultar con la Agencia de Asilo de la UE.
Según la normativa de la UE, las solicitudes de asilo de nacionales de un país considerado “seguro” se tramitan mediante un procedimiento acelerado y casi siempre son rechazadas. Hasta ahora, Alemania solo podía añadir países a esta lista mediante una ley aprobada por ambas cámaras del parlamento. El nuevo marco permite al gabinete actuar unilateralmente, con el único requisito del consentimiento del Bundesrat cuando el cambio afecte a casos del artículo 16a (asilo constitucional).
El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, defendió que la reforma disuadirá las solicitudes “claramente infundadas” y liberará recursos para quienes realmente necesitan protección. Los críticos advierten que el poder ejecutivo para declarar la seguridad podría convertirse en una herramienta política y debilitar los derechos individuales, especialmente porque el mismo proyecto elimina la obligación de nombrar un abogado en las audiencias de detención para deportación.
Para los empleadores, las decisiones negativas más rápidas significan que los nacionales no protegidos tendrán menos tiempo para permanecer en Alemania y buscar vías alternativas de residencia, como visas de formación o trabajo. Los equipos de movilidad global deben revisar la composición nacional de su plantilla y prepararse para plazos más estrictos si los empleados pierden el estatus de solicitantes de asilo.
Se espera que el Ministerio del Interior presente un primer listado de países candidatos —que incluiría a Georgia, Moldavia y partes de los Balcanes Occidentales— a principios de 2026, tras consultar con la Agencia de Asilo de la UE.








