
El debate sobre el proyecto de presupuesto para 2026 en el Senado francés generó una enmienda destacada el 3 de diciembre: la senadora Guylène Pantel presentó la Enmienda 1415 para transferir 3 millones de euros del apartado "Inmigración y Asilo" al programa de “Integración y Acceso a la Nacionalidad Francesa”. Esta medida busca financiar clases adicionales de francés y formación cívica ante la entrada en vigor, el 1 de enero de 2026, de condiciones más estrictas para la obtención de la tarjeta de residencia.
Según el Decreto 2025-647, los extranjeros que soliciten una carte de séjour plurianual deberán demostrar un nivel A2 de francés, mientras que los aspirantes a la tarjeta de residente de diez años deberán alcanzar un nivel B1 y aprobar un examen cívico obligatorio. Las autoridades estiman que varios miles de recién llegados necesitarán formación estatal y preparación para los exámenes, lo que tensionará la capacidad actual de los cursos de integración gestionados por la OFII.
La nota explicativa de la senadora Pantel advierte que, sin fondos adicionales, las prefecturas podrían enfrentar retrasos en los trámites, lo que afectaría el objetivo gubernamental de facilitar la integración mediante el dominio del idioma. Los equipos de movilidad corporativa, especialmente aquellos que trasladan empleados no comunitarios con permisos de pasaporte talento de tres años, deberán prever más tiempo y recursos para asegurar el cumplimiento lingüístico y la programación de exámenes.
La enmienda mantiene el presupuesto total de la misión sin cambios, al reubicar fondos internamente, lo que aumenta las probabilidades de aprobación parlamentaria. Aun así, los departamentos de Recursos Humanos deberían seguir de cerca la votación final prevista para este mes y prepararse para apoyar a los empleados afectados, por ejemplo, financiando clases privadas de francés cuando las plazas de la OFII estén completas.
Según el Decreto 2025-647, los extranjeros que soliciten una carte de séjour plurianual deberán demostrar un nivel A2 de francés, mientras que los aspirantes a la tarjeta de residente de diez años deberán alcanzar un nivel B1 y aprobar un examen cívico obligatorio. Las autoridades estiman que varios miles de recién llegados necesitarán formación estatal y preparación para los exámenes, lo que tensionará la capacidad actual de los cursos de integración gestionados por la OFII.
La nota explicativa de la senadora Pantel advierte que, sin fondos adicionales, las prefecturas podrían enfrentar retrasos en los trámites, lo que afectaría el objetivo gubernamental de facilitar la integración mediante el dominio del idioma. Los equipos de movilidad corporativa, especialmente aquellos que trasladan empleados no comunitarios con permisos de pasaporte talento de tres años, deberán prever más tiempo y recursos para asegurar el cumplimiento lingüístico y la programación de exámenes.
La enmienda mantiene el presupuesto total de la misión sin cambios, al reubicar fondos internamente, lo que aumenta las probabilidades de aprobación parlamentaria. Aun así, los departamentos de Recursos Humanos deberían seguir de cerca la votación final prevista para este mes y prepararse para apoyar a los empleados afectados, por ejemplo, financiando clases privadas de francés cuando las plazas de la OFII estén completas.







