
En un movimiento decisivo para cerrar la última laguna del desprestigiado programa de Ciudadanía por Inversión (CBI) de Chipre, la Cámara de Representantes votó a última hora del 4 de diciembre para derogar la disposición legal que permitía al Consejo de Ministros otorgar la nacionalidad chipriota a inversores extranjeros y sus familias. La enmienda elimina de forma permanente la discrecionalidad del Gabinete para conceder la ciudadanía —ya sea por inversión, razones honoríficas o “contribución especial”— y sitúa el proceso de naturalización completamente bajo la Ley de Extranjería e Inmigración y las normas de residencia ordinaria.
Contexto: Entre 2007 y su abrupta cancelación en noviembre de 2020, el programa CBI otorgó 7.329 pasaportes (3.522 a inversores y 3.807 a sus dependientes), inyectando aproximadamente 8.000 millones de euros en el sector inmobiliario y de la construcción. Sin embargo, una investigación encubierta de Al Jazeera reveló graves fallos en la debida diligencia y la interferencia política, lo que provocó procedimientos de infracción por parte de la UE y una serie de investigaciones por parte del Auditor General y una comisión independiente. Aunque el programa fue suspendido, el Gabinete seguía teniendo el poder constitucional para conceder la ciudadanía en casos “excepcionales”, un poder que Bruselas consideraba incompatible con la legislación europea sobre ciudadanía por inversión.
Puntos clave:
• Se revoca la autoridad del Gabinete para naturalizar a inversores, cónyuges o hijos; cualquier futura iniciativa de ciudadanía económica requerirá una nueva ley primaria aprobada por el parlamento.
• La ciudadanía honoraria (por ejemplo, por méritos culturales o deportivos) ahora requerirá una ley específica o una decisión parlamentaria individual.
• La derogación refuerza los esfuerzos en curso para poner fin a los procedimientos de infracción de la UE y restaurar el estatus de exención de visado de los pasaportes chipriotas con terceros países.
Impacto empresarial:
Las multinacionales que antes utilizaban pasaportes CBI para facilitar la movilidad en el espacio Schengen de sus ejecutivos ya no podrán contar con la nacionalidad acelerada. Deberán recurrir a vías estándar de residencia o permisos de trabajo, como la “Visa para Nómadas Digitales de Chipre” o el Permiso de Empleo para Altas Cualificaciones. Los promotores inmobiliarios, que ya enfrentan una desaceleración desde 2021, tendrán que orientarse hacia proyectos de alquiler a largo plazo y comerciales en lugar de apartamentos de lujo para venta rápida. Los equipos de cumplimiento deben actualizar las guías de reubicación y las herramientas de planificación de residencia para reflejar el fin de la naturalización discrecional.
Perspectivas:
Se espera que el gobierno presente a principios de 2026 un nuevo Permiso de Residencia para Inversores (IRP) basado en un sistema de puntos que priorice la creación de empleo y la transferencia tecnológica en lugar de la mera entrada de capital. Las empresas con empleados asignados en Chipre deberían seguir de cerca los borradores de consulta y participar en las próximas audiencias públicas del Departamento de Migración para asegurar que se reflejen las necesidades de movilidad corporativa.
Contexto: Entre 2007 y su abrupta cancelación en noviembre de 2020, el programa CBI otorgó 7.329 pasaportes (3.522 a inversores y 3.807 a sus dependientes), inyectando aproximadamente 8.000 millones de euros en el sector inmobiliario y de la construcción. Sin embargo, una investigación encubierta de Al Jazeera reveló graves fallos en la debida diligencia y la interferencia política, lo que provocó procedimientos de infracción por parte de la UE y una serie de investigaciones por parte del Auditor General y una comisión independiente. Aunque el programa fue suspendido, el Gabinete seguía teniendo el poder constitucional para conceder la ciudadanía en casos “excepcionales”, un poder que Bruselas consideraba incompatible con la legislación europea sobre ciudadanía por inversión.
Puntos clave:
• Se revoca la autoridad del Gabinete para naturalizar a inversores, cónyuges o hijos; cualquier futura iniciativa de ciudadanía económica requerirá una nueva ley primaria aprobada por el parlamento.
• La ciudadanía honoraria (por ejemplo, por méritos culturales o deportivos) ahora requerirá una ley específica o una decisión parlamentaria individual.
• La derogación refuerza los esfuerzos en curso para poner fin a los procedimientos de infracción de la UE y restaurar el estatus de exención de visado de los pasaportes chipriotas con terceros países.
Impacto empresarial:
Las multinacionales que antes utilizaban pasaportes CBI para facilitar la movilidad en el espacio Schengen de sus ejecutivos ya no podrán contar con la nacionalidad acelerada. Deberán recurrir a vías estándar de residencia o permisos de trabajo, como la “Visa para Nómadas Digitales de Chipre” o el Permiso de Empleo para Altas Cualificaciones. Los promotores inmobiliarios, que ya enfrentan una desaceleración desde 2021, tendrán que orientarse hacia proyectos de alquiler a largo plazo y comerciales en lugar de apartamentos de lujo para venta rápida. Los equipos de cumplimiento deben actualizar las guías de reubicación y las herramientas de planificación de residencia para reflejar el fin de la naturalización discrecional.
Perspectivas:
Se espera que el gobierno presente a principios de 2026 un nuevo Permiso de Residencia para Inversores (IRP) basado en un sistema de puntos que priorice la creación de empleo y la transferencia tecnológica en lugar de la mera entrada de capital. Las empresas con empleados asignados en Chipre deberían seguir de cerca los borradores de consulta y participar en las próximas audiencias públicas del Departamento de Migración para asegurar que se reflejen las necesidades de movilidad corporativa.







