
El estado amazónico de Pará ha cedido a la presión de los ganaderos y ha pospuesto hasta cuatro años el calendario obligatorio de rastreo de ganado, extendiendo el plazo para la identificación con aretes de los 26 millones de cabezas hasta el 31 de diciembre de 2030. La trazabilidad completa del rebaño estaba prevista inicialmente para 2027, con la primera fase entrando en vigor el próximo enero.
ONG ambientales calificaron esta medida como un retroceso en la lucha contra la deforestación y advirtieron que podría complicar el acceso a mercados donde los compradores exigen pruebas de que la carne no está vinculada a la tala ilegal. La regulación de la Unión Europea sobre cadenas de suministro libres de deforestación, que entrará en vigor en 2026, requerirá que los importadores presenten datos de geolocalización del ganado.
Desde la perspectiva de la movilidad, el retraso elimina la presión inmediata de cumplimiento para los transportistas de ganado vivo y los equipos de inspección veterinaria que se desplazan entre los ranchos de Pará y los puertos fluviales. Sin embargo, las empresas logísticas que ya invirtieron en lectores RFID y registros de movimiento en la nube ahora enfrentan un horizonte de recuperación más largo.
Los exportadores que operan cadenas de suministro integradas en Mato Grosso y Rondônia temen que las normas asincrónicas generen puntos de control fragmentados en las fronteras estatales, ralentizando el flujo de camiones transfronterizos. Las autoridades federales aún planean prohibir el tránsito interestatal de ganado no registrado para 2033, pero con Pará albergando una quinta parte del rebaño brasileño, la aplicación podría ser complicada.
Los responsables de sostenibilidad corporativa deben considerar este retraso en sus evaluaciones de riesgo: los clientes que contaban con el cronograma original de Pará para cumplir con los requisitos de abastecimiento de la UE o el Reino Unido podrían necesitar soluciones provisionales de verificación o regiones alternativas de suministro hasta que el etiquetado sea universal.
ONG ambientales calificaron esta medida como un retroceso en la lucha contra la deforestación y advirtieron que podría complicar el acceso a mercados donde los compradores exigen pruebas de que la carne no está vinculada a la tala ilegal. La regulación de la Unión Europea sobre cadenas de suministro libres de deforestación, que entrará en vigor en 2026, requerirá que los importadores presenten datos de geolocalización del ganado.
Desde la perspectiva de la movilidad, el retraso elimina la presión inmediata de cumplimiento para los transportistas de ganado vivo y los equipos de inspección veterinaria que se desplazan entre los ranchos de Pará y los puertos fluviales. Sin embargo, las empresas logísticas que ya invirtieron en lectores RFID y registros de movimiento en la nube ahora enfrentan un horizonte de recuperación más largo.
Los exportadores que operan cadenas de suministro integradas en Mato Grosso y Rondônia temen que las normas asincrónicas generen puntos de control fragmentados en las fronteras estatales, ralentizando el flujo de camiones transfronterizos. Las autoridades federales aún planean prohibir el tránsito interestatal de ganado no registrado para 2033, pero con Pará albergando una quinta parte del rebaño brasileño, la aplicación podría ser complicada.
Los responsables de sostenibilidad corporativa deben considerar este retraso en sus evaluaciones de riesgo: los clientes que contaban con el cronograma original de Pará para cumplir con los requisitos de abastecimiento de la UE o el Reino Unido podrían necesitar soluciones provisionales de verificación o regiones alternativas de suministro hasta que el etiquetado sea universal.








