
Hoy en Bruselas, los responsables políticos de la UE dieron luz verde definitiva a un reglamento que condiciona el acceso a los regímenes arancelarios preferenciales a la cooperación con los Estados miembros de la UE—Italia incluida—en la readmisión de migrantes irregulares. A partir del 1 de enero de 2027, los países beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) podrían ver suspendido su acceso a aranceles reducidos si se niegan a readmitir a nacionales a quienes se les haya ordenado abandonar Europa.
Aunque el mecanismo se presenta como un último recurso y contempla al menos 12 meses de diálogo antes de aplicar sanciones, funcionarios comerciales italianos aseguran que otorga a Roma una nueva herramienta de negociación bilateral con países clave de origen como Bangladesh, Egipto y Túnez. Italia impulsó esta cláusula tras las reiteradas dificultades para organizar vuelos de retorno, y la medida se alinea con el plan independiente de Roma de vincular la ayuda al desarrollo con la cooperación en materia de retornos.
Para las multinacionales que operan en Italia, el reglamento introduce un nuevo nivel de riesgo en la cadena de suministro. Si el país de origen de un proveedor pierde el estatus SGP, los aranceles de importación podrían aumentar drásticamente con solo 30 días de aviso una vez que actúe el Consejo de la UE. Por ello, los equipos de compras deberían mapear su exposición a jurisdicciones de alto riesgo y considerar estrategias de diversificación o ingeniería arancelaria con suficiente antelación a 2027.
Por su parte, los expertos en inmigración prevén que las autoridades italianas utilicen esta nueva herramienta europea para justificar criterios más estrictos en la emisión de visados de corta duración a estados poco cooperativos. Las empresas que habitualmente invitan a visitantes de negocios de Asia del Sur o Norte de África deben prepararse para posibles exigencias documentales más rigurosas o tiempos de espera más largos en los consulados italianos.
Aunque el mecanismo se presenta como un último recurso y contempla al menos 12 meses de diálogo antes de aplicar sanciones, funcionarios comerciales italianos aseguran que otorga a Roma una nueva herramienta de negociación bilateral con países clave de origen como Bangladesh, Egipto y Túnez. Italia impulsó esta cláusula tras las reiteradas dificultades para organizar vuelos de retorno, y la medida se alinea con el plan independiente de Roma de vincular la ayuda al desarrollo con la cooperación en materia de retornos.
Para las multinacionales que operan en Italia, el reglamento introduce un nuevo nivel de riesgo en la cadena de suministro. Si el país de origen de un proveedor pierde el estatus SGP, los aranceles de importación podrían aumentar drásticamente con solo 30 días de aviso una vez que actúe el Consejo de la UE. Por ello, los equipos de compras deberían mapear su exposición a jurisdicciones de alto riesgo y considerar estrategias de diversificación o ingeniería arancelaria con suficiente antelación a 2027.
Por su parte, los expertos en inmigración prevén que las autoridades italianas utilicen esta nueva herramienta europea para justificar criterios más estrictos en la emisión de visados de corta duración a estados poco cooperativos. Las empresas que habitualmente invitan a visitantes de negocios de Asia del Sur o Norte de África deben prepararse para posibles exigencias documentales más rigurosas o tiempos de espera más largos en los consulados italianos.








