
Una nueva batalla interna sobre las políticas migratorias de Australia estalló en Canberra el 3 de diciembre, cuando la senadora liberal de Victoria, Sarah Henderson, cruzó el hemiciclo para presentar enmiendas que impondrían un límite estricto del 25% en la proporción de nuevos ingresos reservados para estudiantes internacionales en cada universidad pública. Su propuesta —copatrocinada por la senadora Jacinta Nampijinpa-Price (Country Liberals) y Malcolm Roberts de One Nation— refleja elementos del proyecto de ley de la oposición para 2024, que fue bloqueado a principios de este año, pero añade un incentivo para las instituciones que inviertan en nuevas residencias estudiantiles: el tope podría elevarse al 30% si se construyen alojamientos específicos para estudiantes en el campus o cerca de él.
Henderson argumentó que el crecimiento descontrolado de estudiantes ha elevado los precios de alquiler, ha sobrecargado la infraestructura urbana y ha “distorsionado” la combinación de habilidades que la economía realmente necesita. Por su parte, el Gobierno de Albanese ha anunciado una expansión de 25,000 plazas para visas estudiantiles en 2026, insistiendo en que las exportaciones educativas siguen siendo un pilar estratégico que genera 53 mil millones de dólares. Los grupos empresariales temen que un límite generalizado corte el flujo de ingresos por matrículas en campus regionales que tanto los necesitan, mientras que las ciudades con problemas de vivienda ven con buenos ojos frenar la demanda.
Universities Australia advirtió rápidamente sobre el “grave daño reputacional” en mercados clave como India y China si se legislan límites numéricos repentinos. Analistas del sector señalan que las restricciones más estrictas en Canadá y Reino Unido para el trabajo post-estudio ya han desviado a más solicitantes hacia Australia; cualquier indicio de límites podría revertir esas ganancias.
¿Qué sigue? La dirigencia de la Coalición no ha respaldado la iniciativa de Henderson, por lo que es poco probable que las enmiendas prosperen en el actual parlamento, pero el debate indica que la migración estudiantil seguirá siendo un tema candente en las elecciones de 2026. Los responsables de movilidad corporativa deben estar atentos a posibles cambios en la política que puedan afectar las fechas de inicio en los campus, la planificación de nóminas para nuevas promociones y la demanda de alojamiento temporal.
Henderson argumentó que el crecimiento descontrolado de estudiantes ha elevado los precios de alquiler, ha sobrecargado la infraestructura urbana y ha “distorsionado” la combinación de habilidades que la economía realmente necesita. Por su parte, el Gobierno de Albanese ha anunciado una expansión de 25,000 plazas para visas estudiantiles en 2026, insistiendo en que las exportaciones educativas siguen siendo un pilar estratégico que genera 53 mil millones de dólares. Los grupos empresariales temen que un límite generalizado corte el flujo de ingresos por matrículas en campus regionales que tanto los necesitan, mientras que las ciudades con problemas de vivienda ven con buenos ojos frenar la demanda.
Universities Australia advirtió rápidamente sobre el “grave daño reputacional” en mercados clave como India y China si se legislan límites numéricos repentinos. Analistas del sector señalan que las restricciones más estrictas en Canadá y Reino Unido para el trabajo post-estudio ya han desviado a más solicitantes hacia Australia; cualquier indicio de límites podría revertir esas ganancias.
¿Qué sigue? La dirigencia de la Coalición no ha respaldado la iniciativa de Henderson, por lo que es poco probable que las enmiendas prosperen en el actual parlamento, pero el debate indica que la migración estudiantil seguirá siendo un tema candente en las elecciones de 2026. Los responsables de movilidad corporativa deben estar atentos a posibles cambios en la política que puedan afectar las fechas de inicio en los campus, la planificación de nóminas para nuevas promociones y la demanda de alojamiento temporal.











