
El ministro de Justicia, Jim O’Callaghan, ha destinado 12 millones de euros para eliminar el retraso en los trámites de asilo en Irlanda y reducir el tiempo de decisión en primera instancia de un promedio de 18 meses a tan solo tres, y como máximo seis, para junio de 2026. Anunciado el 30 de noviembre, el paquete financia 120 nuevos gestores de casos, un nuevo panel de intérpretes, una mayor capacidad de asistencia legal y una plataforma digital de gestión de casos con paneles públicos mensuales.
Según las normas de la UE, los solicitantes de protección obtienen acceso al mercado laboral tras seis meses; por lo tanto, acortar el proceso agiliza las vías hacia permisos de trabajo y reunificación familiar. Empleadores de sectores como la hostelería, la agricultura y la logística —todos enfrentando escasez de habilidades— han recibido con agrado la medida, señalando que podría ampliar la base de talento nacional.
Sin embargo, ONG y abogados de inmigración advierten que un procesamiento acelerado puede aumentar los errores, lo que generaría apelaciones y revisiones judiciales que prolongarían la incertidumbre. El Departamento asegura que se mantendrá el control de calidad mediante formación especializada y auditorías supervisadas.
Para los responsables de movilidad corporativa, la clave es la previsibilidad: los solicitantes de asilo que obtengan estatus podrán incorporarse al mercado laboral más rápido, pero los equipos de recursos humanos deben actualizar los tiempos de incorporación y asegurarse de que las verificaciones de derecho a trabajar incluyan la próxima herramienta digital de verificación de estatus. Las empresas que empleen a estos solicitantes también deben prever formación de actualización sobre normas antidiscriminatorias, ya que más refugiados pasarán rápidamente a permisos convencionales.
Según las normas de la UE, los solicitantes de protección obtienen acceso al mercado laboral tras seis meses; por lo tanto, acortar el proceso agiliza las vías hacia permisos de trabajo y reunificación familiar. Empleadores de sectores como la hostelería, la agricultura y la logística —todos enfrentando escasez de habilidades— han recibido con agrado la medida, señalando que podría ampliar la base de talento nacional.
Sin embargo, ONG y abogados de inmigración advierten que un procesamiento acelerado puede aumentar los errores, lo que generaría apelaciones y revisiones judiciales que prolongarían la incertidumbre. El Departamento asegura que se mantendrá el control de calidad mediante formación especializada y auditorías supervisadas.
Para los responsables de movilidad corporativa, la clave es la previsibilidad: los solicitantes de asilo que obtengan estatus podrán incorporarse al mercado laboral más rápido, pero los equipos de recursos humanos deben actualizar los tiempos de incorporación y asegurarse de que las verificaciones de derecho a trabajar incluyan la próxima herramienta digital de verificación de estatus. Las empresas que empleen a estos solicitantes también deben prever formación de actualización sobre normas antidiscriminatorias, ya que más refugiados pasarán rápidamente a permisos convencionales.








