
Los gestores de movilidad brasileños despertaron el 30 de noviembre con una sorpresa en el Registro Federal: el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. activó silenciosamente una tarifa de 30 dólares para cada no inmigrante que deba obtener un registro I-94 al ingresar a Estados Unidos por tierra o al presentar el formulario en línea hasta siete días antes de la llegada. Este cobro, establecido por la recién promulgada “Ley One Big Beautiful Bill”, está indexado a la inflación y podría aumentar cada año fiscal.
Aunque la mayoría de los viajeros brasileños, tanto de ocio como corporativos, llegan por vía aérea —donde se emite automáticamente un I-94 electrónico sin costo—, la nueva tarifa tiene consecuencias inmediatas para ejecutivos cuyos itinerarios cruzan cadenas de suministro al estilo del TLCAN. Escenarios típicos incluyen equipos de control de calidad con base en São Paulo que vuelan a México y luego cruzan la frontera en auto para inspeccionar plantas maquiladoras en Texas, o compradores del sector agroindustrial que aterrizan en Toronto y entran a Estados Unidos por tierra. Cada ingreso terrestre ahora implicará un pago de 30 dólares, que se puede realizar a través de la app CBP One o en el punto de entrada.
Más allá del aumento evidente en costos, la norma introduce fricciones administrativas. Las empresas deben capacitar a los viajeros para que conserven el recibo digital, verificar que los sistemas de reembolso contemplen este gasto adicional y asegurarse de que los asignados con múltiples pasaportes (por ejemplo, ciudadanos brasileño-italianos) comprendan que la tarifa aplica al documento utilizado en la frontera. Los asesores migratorios también advierten que no presentar el comprobante de pago durante controles ocasionales en carretera podría derivar en multas o procedimientos de expulsión acelerada.
Especialistas en gestión de viajes estiman que una multinacional brasileña mediana con 150 cruces terrestres anuales absorberá aproximadamente 23.000 reales en tarifas adicionales, una cifra pequeña en términos absolutos pero suficiente para afectar presupuestos de movilidad ya ajustados. Algunas empresas están considerando trasladar reuniones al lado estadounidense de la frontera o redirigir a los viajeros para que completen el trayecto por vía aérea, donde no se requiere un I-94 independiente.
A largo plazo, esta medida refleja una tendencia más amplia en EE. UU. hacia la recuperación de costos en los procesos migratorios. Analistas señalan que el Departamento de Estado está finalizando un recargo separado por “integridad de visas” para ciertos visados no inmigrantes y que el Congreso debate una propuesta para extender las tarifas del I-94 a llegadas por vía marítima. Por ello, se recomienda a las corporaciones brasileñas incluir partidas de contingencia para cargos gubernamentales estadounidenses en sus previsiones de viajes para 2026 y preparar a los viajeros sobre el panorama de cumplimiento en evolución.
Aunque la mayoría de los viajeros brasileños, tanto de ocio como corporativos, llegan por vía aérea —donde se emite automáticamente un I-94 electrónico sin costo—, la nueva tarifa tiene consecuencias inmediatas para ejecutivos cuyos itinerarios cruzan cadenas de suministro al estilo del TLCAN. Escenarios típicos incluyen equipos de control de calidad con base en São Paulo que vuelan a México y luego cruzan la frontera en auto para inspeccionar plantas maquiladoras en Texas, o compradores del sector agroindustrial que aterrizan en Toronto y entran a Estados Unidos por tierra. Cada ingreso terrestre ahora implicará un pago de 30 dólares, que se puede realizar a través de la app CBP One o en el punto de entrada.
Más allá del aumento evidente en costos, la norma introduce fricciones administrativas. Las empresas deben capacitar a los viajeros para que conserven el recibo digital, verificar que los sistemas de reembolso contemplen este gasto adicional y asegurarse de que los asignados con múltiples pasaportes (por ejemplo, ciudadanos brasileño-italianos) comprendan que la tarifa aplica al documento utilizado en la frontera. Los asesores migratorios también advierten que no presentar el comprobante de pago durante controles ocasionales en carretera podría derivar en multas o procedimientos de expulsión acelerada.
Especialistas en gestión de viajes estiman que una multinacional brasileña mediana con 150 cruces terrestres anuales absorberá aproximadamente 23.000 reales en tarifas adicionales, una cifra pequeña en términos absolutos pero suficiente para afectar presupuestos de movilidad ya ajustados. Algunas empresas están considerando trasladar reuniones al lado estadounidense de la frontera o redirigir a los viajeros para que completen el trayecto por vía aérea, donde no se requiere un I-94 independiente.
A largo plazo, esta medida refleja una tendencia más amplia en EE. UU. hacia la recuperación de costos en los procesos migratorios. Analistas señalan que el Departamento de Estado está finalizando un recargo separado por “integridad de visas” para ciertos visados no inmigrantes y que el Congreso debate una propuesta para extender las tarifas del I-94 a llegadas por vía marítima. Por ello, se recomienda a las corporaciones brasileñas incluir partidas de contingencia para cargos gubernamentales estadounidenses en sus previsiones de viajes para 2026 y preparar a los viajeros sobre el panorama de cumplimiento en evolución.










