
Como parte del próximo Proyecto de Ley de Protección Internacional (Enmienda) 2025, el Gabinete de Irlanda ha aprobado una medida que extiende el requisito de residencia para los refugiados reconocidos que desean naturalizarse como ciudadanos irlandeses, pasando de tres a cinco años. El ministro de Justicia, Jim O’Callaghan, afirmó que esta reforma “restaura la coherencia” al alinear a los refugiados con todos los demás solicitantes de naturalización y garantiza que los recién llegados estén integrados económicamente antes de recibir el pasaporte. Además, los solicitantes deberán demostrar ‘autosuficiencia’, es decir, no haber dependido de ciertos beneficios sociales a largo plazo en los dos años previos a la solicitud.
Las listas detalladas de beneficios que descalifican aparecerán en la legislación secundaria, pero los funcionarios han indicado que la Prestación por Desempleo y la Asistencia Social Complementaria estarán entre ellos. El tiempo pasado en Irlanda bajo la Directiva de Protección Temporal de la UE (utilizada por muchos ucranianos) no contará para el nuevo periodo de cinco años.
Este cambio tiene importantes implicaciones para los empleadores que reclutan activamente talento refugiado. Las multinacionales de tecnología y salud suelen vincular asignaciones a largo plazo, la adquisición de opciones sobre acciones o los paquetes de movilidad al momento en que un empleado se vuelve elegible para la ciudadanía. Estos esquemas ahora deberán ser revisados.
Las ONG argumentan que el plazo más largo podría ralentizar la integración, ya que muchos refugiados necesitan más tiempo para conseguir un empleo estable. El Gobierno responde que la agilización del proceso de asilo —con el nuevo objetivo de tres a seis meses anunciado esta semana— compensará el camino más largo hacia la naturalización.
Las empresas deberían revisar los planes de carrera de sus empleados refugiados actuales y tener en cuenta que los plazos para obtener la ciudadanía se han extendido efectivamente dos años, salvo que las personas ya cuenten con tres años de residencia computable.
Las listas detalladas de beneficios que descalifican aparecerán en la legislación secundaria, pero los funcionarios han indicado que la Prestación por Desempleo y la Asistencia Social Complementaria estarán entre ellos. El tiempo pasado en Irlanda bajo la Directiva de Protección Temporal de la UE (utilizada por muchos ucranianos) no contará para el nuevo periodo de cinco años.
Este cambio tiene importantes implicaciones para los empleadores que reclutan activamente talento refugiado. Las multinacionales de tecnología y salud suelen vincular asignaciones a largo plazo, la adquisición de opciones sobre acciones o los paquetes de movilidad al momento en que un empleado se vuelve elegible para la ciudadanía. Estos esquemas ahora deberán ser revisados.
Las ONG argumentan que el plazo más largo podría ralentizar la integración, ya que muchos refugiados necesitan más tiempo para conseguir un empleo estable. El Gobierno responde que la agilización del proceso de asilo —con el nuevo objetivo de tres a seis meses anunciado esta semana— compensará el camino más largo hacia la naturalización.
Las empresas deberían revisar los planes de carrera de sus empleados refugiados actuales y tener en cuenta que los plazos para obtener la ciudadanía se han extendido efectivamente dos años, salvo que las personas ya cuenten con tres años de residencia computable.







