
Tras semanas de presión diplomática del primer ministro británico Keir Starmer, el gobierno francés está a punto de autorizar intervenciones marítimas contra embarcaciones inflables vacías, conocidas como “barcos taxi”, antes de que recojan a migrantes en las playas del norte con destino a Reino Unido. El plan, informado el 28 de noviembre, permitiría a las fuerzas de seguridad francesas remolcar o inutilizar estas embarcaciones a menos de 300 metros de la costa, evitando teóricamente enfrentamientos directos con los pasajeros y desarticulando las redes de tráfico.
París ya despliega a 800 gendarmes y policías a lo largo de la costa Calais-Dunkerque, pero casi 40,000 personas han llegado al Reino Unido en pequeñas embarcaciones en lo que va de 2025. La financiación británica —480 millones de libras en tres años— contribuye a patrullas costeras, vigilancia aérea y centros de acogida. El nuevo gobierno laborista de Starmer ha condicionado futuros pagos a una “disuasión concreta”, lo que ha llevado a las autoridades francesas a explorar tácticas más agresivas.
Las ONG criticaron de inmediato la propuesta, advirtiendo que confiscar barcos en el mar podría empujar a los migrantes a cruces nocturnos aún más peligrosos o a rutas más largas a través de Bélgica y Países Bajos. Grupos legales estudian posibles recursos judiciales alegando que la estrategia podría violar el derecho a solicitar asilo.
Para los empleadores, el riesgo es tanto reputacional como operativo. Las empresas de logística que transportan mercancías por el Eurotúnel temen que las redadas provoquen bloqueos de protesta similares a los de 2016, cuando las colas de camiones alcanzaron los 30 kilómetros. Se recomienda a las compañías monitorear alertas de tráfico e incluir posibles retrasos en sus cadenas de suministro just-in-time.
La medida aún requiere aprobación del gabinete, pero podría implementarse por orden ejecutiva antes de la temporada alta de 2026. Los observadores señalan que Francia sigue renovando sus controles internos en la frontera Schengen cada seis meses, citando las mismas presiones migratorias que ahora influyen en la política del Canal.
París ya despliega a 800 gendarmes y policías a lo largo de la costa Calais-Dunkerque, pero casi 40,000 personas han llegado al Reino Unido en pequeñas embarcaciones en lo que va de 2025. La financiación británica —480 millones de libras en tres años— contribuye a patrullas costeras, vigilancia aérea y centros de acogida. El nuevo gobierno laborista de Starmer ha condicionado futuros pagos a una “disuasión concreta”, lo que ha llevado a las autoridades francesas a explorar tácticas más agresivas.
Las ONG criticaron de inmediato la propuesta, advirtiendo que confiscar barcos en el mar podría empujar a los migrantes a cruces nocturnos aún más peligrosos o a rutas más largas a través de Bélgica y Países Bajos. Grupos legales estudian posibles recursos judiciales alegando que la estrategia podría violar el derecho a solicitar asilo.
Para los empleadores, el riesgo es tanto reputacional como operativo. Las empresas de logística que transportan mercancías por el Eurotúnel temen que las redadas provoquen bloqueos de protesta similares a los de 2016, cuando las colas de camiones alcanzaron los 30 kilómetros. Se recomienda a las compañías monitorear alertas de tráfico e incluir posibles retrasos en sus cadenas de suministro just-in-time.
La medida aún requiere aprobación del gabinete, pero podría implementarse por orden ejecutiva antes de la temporada alta de 2026. Los observadores señalan que Francia sigue renovando sus controles internos en la frontera Schengen cada seis meses, citando las mismas presiones migratorias que ahora influyen en la política del Canal.









