
El gobierno polaco ha confirmado que los controles temporales en sus fronteras normalmente abiertas con Alemania y Lituania permanecerán vigentes al menos seis meses más, hasta el 4 de abril de 2026. La decisión se tomó tras las estadísticas de la Guardia Fronteriza, que registraron 45 intentos de cruces ilegales desde Bielorrusia entre el 21 y el 23 de noviembre, además de la detención de un presunto traficante. Los agentes han revisado a más de 28,700 viajeros y 14,200 vehículos en el eje lituano, y a 17,500 pasajeros procedentes de Alemania, denegando la entrada a ocho personas.
Varsovia invocó el Artículo 25 del Código de Fronteras Schengen, que permite a los estados miembros reintroducir controles internos ante la “migración instrumentalizada” y amenazas a la seguridad. Esta extensión sitúa a Polonia entre los nueve países de la UE que actualmente aplican estos poderes de emergencia y mantiene en vigor una zona de seguridad de 78 km a lo largo de la frontera con Bielorrusia.
Los planificadores de viajes de negocios ya están sintiendo las consecuencias. Incluso los ciudadanos de la UE deben portar documentos de identidad y esperar inspecciones aleatorias al conducir o tomar servicios ferroviarios hacia Polonia. Los operadores logísticos reportan colas intermitentes de camiones de 20 a 40 minutos en los corredores A2 y A12, complicando las entregas just-in-time para las cadenas de suministro automotriz y minorista. Los empleadores cuyos empleados cruzan diariamente el río Oder o el corredor de Suwałki están añadiendo tiempo extra a los horarios y recordando a los trabajadores no comunitarios que lleven tanto pasaportes como tarjetas de residencia.
En el plano político, Varsovia sostiene que los controles son un complemento inevitable a su nuevo Sistema Biométrico de Entrada/Salida, pero las cámaras de comercio advierten que la prolongación de estos controles podría debilitar el papel de Polonia como centro logístico regional si no se levantan una vez que disminuya la presión migratoria.
Varsovia invocó el Artículo 25 del Código de Fronteras Schengen, que permite a los estados miembros reintroducir controles internos ante la “migración instrumentalizada” y amenazas a la seguridad. Esta extensión sitúa a Polonia entre los nueve países de la UE que actualmente aplican estos poderes de emergencia y mantiene en vigor una zona de seguridad de 78 km a lo largo de la frontera con Bielorrusia.
Los planificadores de viajes de negocios ya están sintiendo las consecuencias. Incluso los ciudadanos de la UE deben portar documentos de identidad y esperar inspecciones aleatorias al conducir o tomar servicios ferroviarios hacia Polonia. Los operadores logísticos reportan colas intermitentes de camiones de 20 a 40 minutos en los corredores A2 y A12, complicando las entregas just-in-time para las cadenas de suministro automotriz y minorista. Los empleadores cuyos empleados cruzan diariamente el río Oder o el corredor de Suwałki están añadiendo tiempo extra a los horarios y recordando a los trabajadores no comunitarios que lleven tanto pasaportes como tarjetas de residencia.
En el plano político, Varsovia sostiene que los controles son un complemento inevitable a su nuevo Sistema Biométrico de Entrada/Salida, pero las cámaras de comercio advierten que la prolongación de estos controles podría debilitar el papel de Polonia como centro logístico regional si no se levantan una vez que disminuya la presión migratoria.








