
El servicio de rescate marítimo de España, Salvamento Marítimo, informó la noche del 27 de noviembre que 487 personas fueron desembarcadas en las Islas Canarias en un período de 24 horas, la cifra diaria más alta desde agosto. Tres ‘cayucos’ de madera sobrecargados fueron interceptados cerca de El Hierro y Tenerife; entre los pasajeros había 54 mujeres y 18 niños, en su mayoría procedentes de Senegal, Malí y Gambia, según entrevistas preliminares de la policía.
Aunque las llegadas irregulares totales a Canarias han caído un 63 % interanual, gracias en gran parte a patrullas reforzadas frente a Mauritania y operaciones conjuntas UE-Marruecos, el incidente pone de manifiesto la continua volatilidad de esta ruta. El aumento estacional coincide con mares más tranquilos en invierno y controles más estrictos en Italia en el Mediterráneo Central, lo que empuja a los traficantes hacia el oeste. El Ministerio del Interior señala que hasta ahora en 2025 han llegado al archipiélago 14.690 migrantes, frente a casi 40.000 en el mismo periodo del año pasado.
Para el sector español de movilidad global y reubicación, el evento tiene dos impactos inmediatos. Primero, los centros de acogida regionales en El Hierro y Tenerife vuelven a acercarse a su capacidad máxima, retrasando los traslados dentro de España que liberan plazas para casos humanitarios que llegan a puertos peninsulares. Los asesores corporativos en inmigración advierten que los tiempos de tramitación para permisos de trabajo y reagrupación familiar de no comunitarios podrían alargarse, ya que las oficinas de extranjería están desviando personal para tareas de registro de asilo. Segundo, los viajeros de negocios a las islas, especialmente los empleados en turismo y construcción, podrían enfrentar controles policiales puntuales y congestión en los puertos debido al aumento de la seguridad.
El gobierno asegura que cuenta con margen de maniobra: el mes pasado se inauguró en Las Palmas un nuevo centro de acogida con 1.000 plazas y la Agencia de Asilo de la UE (EUAA) está desplegando más trabajadores sociales hasta final de año. Sin embargo, las ONG advierten que los picos repetidos tensionan la capacidad de los exámenes médicos y pueden ralentizar los vuelos de retorno voluntario y reubicación. Se recomienda a los empleadores con personal destinado en Canarias revisar los protocolos de cuidado, ya que el enfoque humanitario podría desviar recursos de emergencia locales.
A largo plazo, la estrategia de Madrid depende del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que prevé procedimientos fronterizos más rápidos y reubicaciones solidarias dentro del bloque. Pero, con el pacto aún pendiente de aprobación definitiva en el Parlamento Europeo, los gobiernos regionales temen otro cuello de botella como el de 2020. Por ahora, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Guardia Civil mantener la vigilancia aérea y ha solicitado a Frontex un avión patrulla adicional hasta marzo de 2026.
Aunque las llegadas irregulares totales a Canarias han caído un 63 % interanual, gracias en gran parte a patrullas reforzadas frente a Mauritania y operaciones conjuntas UE-Marruecos, el incidente pone de manifiesto la continua volatilidad de esta ruta. El aumento estacional coincide con mares más tranquilos en invierno y controles más estrictos en Italia en el Mediterráneo Central, lo que empuja a los traficantes hacia el oeste. El Ministerio del Interior señala que hasta ahora en 2025 han llegado al archipiélago 14.690 migrantes, frente a casi 40.000 en el mismo periodo del año pasado.
Para el sector español de movilidad global y reubicación, el evento tiene dos impactos inmediatos. Primero, los centros de acogida regionales en El Hierro y Tenerife vuelven a acercarse a su capacidad máxima, retrasando los traslados dentro de España que liberan plazas para casos humanitarios que llegan a puertos peninsulares. Los asesores corporativos en inmigración advierten que los tiempos de tramitación para permisos de trabajo y reagrupación familiar de no comunitarios podrían alargarse, ya que las oficinas de extranjería están desviando personal para tareas de registro de asilo. Segundo, los viajeros de negocios a las islas, especialmente los empleados en turismo y construcción, podrían enfrentar controles policiales puntuales y congestión en los puertos debido al aumento de la seguridad.
El gobierno asegura que cuenta con margen de maniobra: el mes pasado se inauguró en Las Palmas un nuevo centro de acogida con 1.000 plazas y la Agencia de Asilo de la UE (EUAA) está desplegando más trabajadores sociales hasta final de año. Sin embargo, las ONG advierten que los picos repetidos tensionan la capacidad de los exámenes médicos y pueden ralentizar los vuelos de retorno voluntario y reubicación. Se recomienda a los empleadores con personal destinado en Canarias revisar los protocolos de cuidado, ya que el enfoque humanitario podría desviar recursos de emergencia locales.
A largo plazo, la estrategia de Madrid depende del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que prevé procedimientos fronterizos más rápidos y reubicaciones solidarias dentro del bloque. Pero, con el pacto aún pendiente de aprobación definitiva en el Parlamento Europeo, los gobiernos regionales temen otro cuello de botella como el de 2020. Por ahora, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Guardia Civil mantener la vigilancia aérea y ha solicitado a Frontex un avión patrulla adicional hasta marzo de 2026.









