
Los sindicatos más grandes de España, UGT y CCOO, han solicitado al gobierno un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 7,5 %, situándolo en 1.273 € mensuales (14 pagas) para 2026. Dado que la Visa para Nómadas Digitales (DNV) exige a los solicitantes demostrar ingresos mensuales de al menos el 200 % del SMI, esta propuesta elevaría el requisito de ingresos de aproximadamente 2.763 € a cerca de 2.970 €.
Para las multinacionales que contratan personal remoto en España o trasladan empleados que desean trabajar desde territorio español, este debate salarial, aparentemente interno, tiene implicaciones inmediatas en movilidad. Los departamentos de Recursos Humanos podrían tener que renegociar los paquetes salariales o aumentar las asignaciones para que los trabajadores no comunitarios sigan cumpliendo con los requisitos de la visa.
Los asesores en inmigración también advierten que los umbrales para familiares acompañantes subirían en paralelo: un 75 % adicional para el primer dependiente y un 25 % para cada dependiente extra. Así, una familia de cuatro miembros podría tener que acreditar ingresos mensuales superiores a 5.200 €.
Aunque los grupos empresariales apoyan en general un salario mínimo más alto, han pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que desvincule la fórmula de la DNV del SMI y opte por una cifra fija en euros, argumentando que los cambios constantes generan carga administrativa y desalientan el talento.
El gobierno ha anunciado que abrirá consultas en diciembre, pero por ahora las empresas que planifiquen asignaciones para 2026 deberían presupuestar con las nuevas cifras y comenzar a recopilar nóminas y extractos bancarios actualizados con suficiente antelación para la presentación de solicitudes.
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Los asesores en inmigración también advierten que los umbrales para familiares acompañantes subirían en paralelo: un 75 % adicional para el primer dependiente y un 25 % para cada dependiente extra. Así, una familia de cuatro miembros podría tener que acreditar ingresos mensuales superiores a 5.200 €.
Aunque los grupos empresariales apoyan en general un salario mínimo más alto, han pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que desvincule la fórmula de la DNV del SMI y opte por una cifra fija en euros, argumentando que los cambios constantes generan carga administrativa y desalientan el talento.
El gobierno ha anunciado que abrirá consultas en diciembre, pero por ahora las empresas que planifiquen asignaciones para 2026 deberían presupuestar con las nuevas cifras y comenzar a recopilar nóminas y extractos bancarios actualizados con suficiente antelación para la presentación de solicitudes.
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