
Principales asociaciones comerciales —la Business Travel Association (BTA), el Institute of Travel Management y Airlines UK— enviaron una carta conjunta al Canciller el 24 de noviembre de 2025, instando al gobierno a congelar o reducir el impuesto sobre pasajeros aéreos (APD) y gravámenes relacionados en el Presupuesto de marzo. Argumentan que los aumentos acumulados desde 2020 han añadido más de £40 a un viaje de ida y vuelta promedio en Europa y hasta £180 en tarifas de clase ejecutiva para vuelos de larga distancia.
Según la última encuesta de la BTA a 120 multinacionales del Reino Unido, el 61% ha recortado sus presupuestos de viaje este año en respuesta a la mayor carga fiscal, retrasando visitas a clientes y el inicio de proyectos en el extranjero. Los grupos advierten que nuevos incrementos socavarían las propias ambiciones del gobierno de crecimiento en exportaciones y chocarían con su narrativa de ‘Global Britain’.
El Tesoro responde que el APD es un instrumento clave de “quien contamina paga” y señala que las tarifas para billetes en clase económica de vuelos ultra-largos bajaron ligeramente en abril de 2025. Sin embargo, los defensores de la industria destacan que la demanda corporativa se concentra en las cabinas de mayor rentabilidad, donde las tarifas subieron considerablemente.
Si no se atiende esta advertencia, los gestores de viajes podrían tener que revisar los presupuestos de 2026, negociar paquetes de compensación de carbono o trasladar reuniones a formatos virtuales. Las pymes que dependen de viajes presenciales para ventas podrían verse afectadas de manera desproporcionada, limitando su capacidad para acceder a nuevos mercados.
La carta también solicita destinar una parte de los ingresos del APD para financiar incentivos de Combustible de Aviación Sostenible (SAF), en línea con las recomendaciones del Jet Zero Council. Observadores señalan que esta concesión podría ofrecer al gobierno un camino de compromiso entre la prudencia fiscal y las preocupaciones del sector.
Según la última encuesta de la BTA a 120 multinacionales del Reino Unido, el 61% ha recortado sus presupuestos de viaje este año en respuesta a la mayor carga fiscal, retrasando visitas a clientes y el inicio de proyectos en el extranjero. Los grupos advierten que nuevos incrementos socavarían las propias ambiciones del gobierno de crecimiento en exportaciones y chocarían con su narrativa de ‘Global Britain’.
El Tesoro responde que el APD es un instrumento clave de “quien contamina paga” y señala que las tarifas para billetes en clase económica de vuelos ultra-largos bajaron ligeramente en abril de 2025. Sin embargo, los defensores de la industria destacan que la demanda corporativa se concentra en las cabinas de mayor rentabilidad, donde las tarifas subieron considerablemente.
Si no se atiende esta advertencia, los gestores de viajes podrían tener que revisar los presupuestos de 2026, negociar paquetes de compensación de carbono o trasladar reuniones a formatos virtuales. Las pymes que dependen de viajes presenciales para ventas podrían verse afectadas de manera desproporcionada, limitando su capacidad para acceder a nuevos mercados.
La carta también solicita destinar una parte de los ingresos del APD para financiar incentivos de Combustible de Aviación Sostenible (SAF), en línea con las recomendaciones del Jet Zero Council. Observadores señalan que esta concesión podría ofrecer al gobierno un camino de compromiso entre la prudencia fiscal y las preocupaciones del sector.









