
En una sesión extraordinaria durante el fin de semana que se extendió hasta las primeras horas del 23 de noviembre, el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados de Suiza aprobaron la reforma más profunda en más de una década de la Ley Federal sobre Extranjeros e Integración (LFEI). Esta reforma responde a las cifras récord de migración neta en 2025 y a la creciente presión política, especialmente de los cantones fronterizos con Alemania e Italia, para hacer que los flujos migratorios sean más previsibles en ámbitos como la educación, la vivienda y el transporte público.
El eje central del proyecto es el cambio de cuotas abiertas basadas en la demanda laboral a techos fijos establecidos por el Parlamento. Cada otoño, los legisladores votarán un cupo global único que abarcará permisos B (residencia), permisos L (asignaciones a corto plazo), traslados intraempresariales, aprendices y ciertos familiares de nacionales de terceros países. Los cantones seguirán asignando permisos a nivel local, pero no podrán superar su cuota del total federal. Además, el Consejo Federal podrá liberar una reserva contingente del 10 % para empleadores de infraestructuras críticas, como hospitales y ferrocarriles.
Para los equipos de movilidad corporativa y recursos humanos, este cambio ofrece mayor previsibilidad sobre la disponibilidad de permisos, permitiendo a los planificadores de personal decidir con meses de antelación si contratar localmente, reubicar empleados existentes o externalizar proyectos. Sin embargo, el sistema también eleva la importancia de una planificación estratégica precisa: las empresas que subestimen sus necesidades podrían quedarse sin permisos hasta el año siguiente. Los asesores en inmigración recomiendan a las empresas mapear sus proyectos futuros y presupuestar estrategias de “cobertura de cuotas”, como fechas de inicio escalonadas.
Más allá de las cuotas, la ley exige la captura biométrica completa —cuatro huellas dactilares y una imagen facial en vivo— en todos los cruces terrestres suizos para 2027, ampliando la tecnología ya implementada en aeropuertos bajo el Sistema de Entrada/Salida de la UE (EES). Los tiempos de cruce fronterizo para los 350,000 trabajadores transfronterizos italianos y franceses podrían aumentar inicialmente, aunque la Oficina Federal de Aduanas y Seguridad Fronteriza planea carriles exprés dedicados en Ticino para los puntos de control más concurridos.
La reforma también acelera los plazos de procesamiento de asilo, reduciéndolos de 140 a 90 días, una medida que el Ministerio de Justicia asegura reducirá costos de alojamiento, pero que las ONG temen pueda comprometer los derechos al debido proceso. La mayoría de las disposiciones entrarán en vigor el 1 de julio de 2026, dando a los empleadores aproximadamente siete meses para adaptar sus políticas de movilidad y sistemas de seguimiento de solicitantes.
El eje central del proyecto es el cambio de cuotas abiertas basadas en la demanda laboral a techos fijos establecidos por el Parlamento. Cada otoño, los legisladores votarán un cupo global único que abarcará permisos B (residencia), permisos L (asignaciones a corto plazo), traslados intraempresariales, aprendices y ciertos familiares de nacionales de terceros países. Los cantones seguirán asignando permisos a nivel local, pero no podrán superar su cuota del total federal. Además, el Consejo Federal podrá liberar una reserva contingente del 10 % para empleadores de infraestructuras críticas, como hospitales y ferrocarriles.
Para los equipos de movilidad corporativa y recursos humanos, este cambio ofrece mayor previsibilidad sobre la disponibilidad de permisos, permitiendo a los planificadores de personal decidir con meses de antelación si contratar localmente, reubicar empleados existentes o externalizar proyectos. Sin embargo, el sistema también eleva la importancia de una planificación estratégica precisa: las empresas que subestimen sus necesidades podrían quedarse sin permisos hasta el año siguiente. Los asesores en inmigración recomiendan a las empresas mapear sus proyectos futuros y presupuestar estrategias de “cobertura de cuotas”, como fechas de inicio escalonadas.
Más allá de las cuotas, la ley exige la captura biométrica completa —cuatro huellas dactilares y una imagen facial en vivo— en todos los cruces terrestres suizos para 2027, ampliando la tecnología ya implementada en aeropuertos bajo el Sistema de Entrada/Salida de la UE (EES). Los tiempos de cruce fronterizo para los 350,000 trabajadores transfronterizos italianos y franceses podrían aumentar inicialmente, aunque la Oficina Federal de Aduanas y Seguridad Fronteriza planea carriles exprés dedicados en Ticino para los puntos de control más concurridos.
La reforma también acelera los plazos de procesamiento de asilo, reduciéndolos de 140 a 90 días, una medida que el Ministerio de Justicia asegura reducirá costos de alojamiento, pero que las ONG temen pueda comprometer los derechos al debido proceso. La mayoría de las disposiciones entrarán en vigor el 1 de julio de 2026, dando a los empleadores aproximadamente siete meses para adaptar sus políticas de movilidad y sistemas de seguimiento de solicitantes.







