
La frustración popular por el restablecimiento de los controles fronterizos internos entre Francia y Alemania se manifestó en las calles de Kehl el domingo 23 de noviembre. Unos 600 estudiantes, aprendices y jóvenes trabajadores transfronterizos, organizados por los capítulos de Jóvenes Europeos (Jeunes Européens) en Estrasburgo y Baden-Württemberg, marcharon desde la estación de tren de Kehl hasta el Puente de Europa, ondeando banderas de la UE y pancartas con mensajes como “Las fronteras pertenecen a los libros de historia” y “Desplazarse no es un delito”.
Francia reintrodujo primero los controles temporales en sus fronteras terrestres para los Juegos Olímpicos de París 2024, alegando riesgos terroristas; Berlín siguió en octubre de 2024, justificando la medida para frenar la migración irregular. Aunque la legislación europea permite derogaciones de seis meses, ambos gobiernos han prorrogado repetidamente estas medidas, convirtiendo lo que debía ser excepcional en controles semi-permanentes. Según los desplazados, esto provoca colas imprevisibles que a veces añaden hasta 45 minutos a un trayecto que antes duraba diez minutos en tranvía o bicicleta.
La manifestación del domingo es la primera acción juvenil que se centra específicamente en el coste económico y social de estos controles. Portavoces de empresas locales de ingeniería y de la Cámara de Comercio de Estrasburgo advirtieron que los retrasos en las entregas y las reuniones perdidas con clientes ya están costando a la economía del Alto Rin “millones de euros” al año. La protesta llega antes de la revisión prevista en diciembre por el Consejo de la UE sobre las normas de gobernanza de Schengen, donde se espera que Alemania y Francia defiendan la continuidad de sus derogaciones.
Para los responsables de movilidad internacional, el mensaje es claro: los retrasos periódicos en el eje Estrasburgo–Kehl y en el corredor paralelo de las autopistas A35/A5 probablemente persistirán al menos hasta la primavera de 2026. Las empresas que trasladen personal entre sedes francesas y alemanas deberían incluir tiempo extra en los horarios de viaje, especialmente para los turnos de primera hora. Los trabajadores desplazados a largo plazo, cuyo permiso de residencia depende de un mínimo de días de presencia física, deben llevar un registro meticuloso; hasta ahora, las autoridades alemanas han mostrado flexibilidad cuando los desplazados pueden documentar las esperas en la frontera con fotografías con sello horario o recibos digitales de peaje.
La protesta también pone de relieve un riesgo reputacional: los ciudadanos de la UE nacidos después de 1995 han vivido la mayor parte de sus vidas en una Europa sin fronteras y tienden a ver estos controles como motivados políticamente más que por razones de seguridad. Los departamentos de recursos humanos y relaciones gubernamentales deberían vigilar si el evento del domingo impulsa una mayor resistencia de la sociedad civil que pueda influir en el debate del Consejo o en la posición del Parlamento Europeo en las negociaciones de reforma de Schengen de 2026.
Francia reintrodujo primero los controles temporales en sus fronteras terrestres para los Juegos Olímpicos de París 2024, alegando riesgos terroristas; Berlín siguió en octubre de 2024, justificando la medida para frenar la migración irregular. Aunque la legislación europea permite derogaciones de seis meses, ambos gobiernos han prorrogado repetidamente estas medidas, convirtiendo lo que debía ser excepcional en controles semi-permanentes. Según los desplazados, esto provoca colas imprevisibles que a veces añaden hasta 45 minutos a un trayecto que antes duraba diez minutos en tranvía o bicicleta.
La manifestación del domingo es la primera acción juvenil que se centra específicamente en el coste económico y social de estos controles. Portavoces de empresas locales de ingeniería y de la Cámara de Comercio de Estrasburgo advirtieron que los retrasos en las entregas y las reuniones perdidas con clientes ya están costando a la economía del Alto Rin “millones de euros” al año. La protesta llega antes de la revisión prevista en diciembre por el Consejo de la UE sobre las normas de gobernanza de Schengen, donde se espera que Alemania y Francia defiendan la continuidad de sus derogaciones.
Para los responsables de movilidad internacional, el mensaje es claro: los retrasos periódicos en el eje Estrasburgo–Kehl y en el corredor paralelo de las autopistas A35/A5 probablemente persistirán al menos hasta la primavera de 2026. Las empresas que trasladen personal entre sedes francesas y alemanas deberían incluir tiempo extra en los horarios de viaje, especialmente para los turnos de primera hora. Los trabajadores desplazados a largo plazo, cuyo permiso de residencia depende de un mínimo de días de presencia física, deben llevar un registro meticuloso; hasta ahora, las autoridades alemanas han mostrado flexibilidad cuando los desplazados pueden documentar las esperas en la frontera con fotografías con sello horario o recibos digitales de peaje.
La protesta también pone de relieve un riesgo reputacional: los ciudadanos de la UE nacidos después de 1995 han vivido la mayor parte de sus vidas en una Europa sin fronteras y tienden a ver estos controles como motivados políticamente más que por razones de seguridad. Los departamentos de recursos humanos y relaciones gubernamentales deberían vigilar si el evento del domingo impulsa una mayor resistencia de la sociedad civil que pueda influir en el debate del Consejo o en la posición del Parlamento Europeo en las negociaciones de reforma de Schengen de 2026.









