
En un decreto paralelo adoptado el 20 de noviembre y difundido el 21 de noviembre por VisaHQ, el gabinete italiano creó un permiso de residencia especial de seis meses para víctimas que denuncien a los caporales en los sectores agrícola, de la construcción y la logística.
Los titulares de este nuevo estatus obtienen acceso completo al mercado laboral, cobertura sanitaria y una “asignación de inclusión”, además de poder renovar el permiso si las investigaciones judiciales requieren su testimonio. Este permiso está fuera del sistema regular de cuotas, lo que significa que los trabajadores explotados no competirán con los solicitantes habituales de flujos migratorios.
Los empleadores implicados en casos de trabajo forzado enfrentan procesos penales y la exclusión de futuras asignaciones de permisos de trabajo, aumentando las exigencias de cumplimiento para las cadenas de suministro multinacionales. Los equipos de movilidad y cumplimiento deben auditar los contratos de subcontratación y asegurarse de que las agencias de empleo estén debidamente autorizadas.
La medida alinea a Italia con las directivas europeas contra la trata de personas y ofrece a las empresas la oportunidad de regularizar a trabajadores vulnerables mientras apoyan las investigaciones penales.
Los titulares de este nuevo estatus obtienen acceso completo al mercado laboral, cobertura sanitaria y una “asignación de inclusión”, además de poder renovar el permiso si las investigaciones judiciales requieren su testimonio. Este permiso está fuera del sistema regular de cuotas, lo que significa que los trabajadores explotados no competirán con los solicitantes habituales de flujos migratorios.
Los empleadores implicados en casos de trabajo forzado enfrentan procesos penales y la exclusión de futuras asignaciones de permisos de trabajo, aumentando las exigencias de cumplimiento para las cadenas de suministro multinacionales. Los equipos de movilidad y cumplimiento deben auditar los contratos de subcontratación y asegurarse de que las agencias de empleo estén debidamente autorizadas.
La medida alinea a Italia con las directivas europeas contra la trata de personas y ofrece a las empresas la oportunidad de regularizar a trabajadores vulnerables mientras apoyan las investigaciones penales.







