
Un comentario publicado el sábado en The Times sostiene que el Área Común de Viaje (CTA) limita efectivamente la libertad de Irlanda para diseñar una política migratoria independiente. Debido a que los ciudadanos británicos e irlandeses pueden vivir y trabajar libremente en las jurisdicciones de ambos países, las diferencias en las normas de asilo o visados pueden generar una "migración secundaria" desde el Reino Unido hacia Irlanda, argumenta el artículo.
El autor señala que gran parte de la actividad de asilo en Irlanda está vinculada a movimientos a través del Reino Unido o desde este, y sugiere que, a menos que Dublín armonice la legislación, la presión sobre las instalaciones de acogida, ya saturadas, seguirá aumentando. El texto también menciona factores demográficos, económicos y geopolíticos —desde la escasez de mano de obra hasta el desplazamiento por el cambio climático— que están impulsando flujos récord en toda Europa.
Aunque el artículo es una opinión, llega en un momento de importantes cambios legislativos. El Departamento de Justicia está ultimando un Plan Nacional de Implementación para el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y los ministros han anunciado nuevas facultades de deportación antes de fin de año. Cualquier cambio hacia normas al estilo británico —como decisiones aceleradas de asilo o listas ampliadas de "países seguros"— tendría consecuencias directas para las empresas que trasladan personal mediante rutas intraempresariales.
Los equipos de movilidad deben seguir de cerca este debate: una alineación con Londres podría endurecer los requisitos de autorización laboral para asignados fuera del EEE que transiten por el Reino Unido hacia Irlanda, o viceversa. Por el contrario, la falta de alineación podría llevar al Reino Unido a imponer nuevos controles en el CTA, complicando los desplazamientos transfronterizos para empleados en centros multinacionales de Belfast y Dublín.
El autor señala que gran parte de la actividad de asilo en Irlanda está vinculada a movimientos a través del Reino Unido o desde este, y sugiere que, a menos que Dublín armonice la legislación, la presión sobre las instalaciones de acogida, ya saturadas, seguirá aumentando. El texto también menciona factores demográficos, económicos y geopolíticos —desde la escasez de mano de obra hasta el desplazamiento por el cambio climático— que están impulsando flujos récord en toda Europa.
Aunque el artículo es una opinión, llega en un momento de importantes cambios legislativos. El Departamento de Justicia está ultimando un Plan Nacional de Implementación para el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y los ministros han anunciado nuevas facultades de deportación antes de fin de año. Cualquier cambio hacia normas al estilo británico —como decisiones aceleradas de asilo o listas ampliadas de "países seguros"— tendría consecuencias directas para las empresas que trasladan personal mediante rutas intraempresariales.
Los equipos de movilidad deben seguir de cerca este debate: una alineación con Londres podría endurecer los requisitos de autorización laboral para asignados fuera del EEE que transiten por el Reino Unido hacia Irlanda, o viceversa. Por el contrario, la falta de alineación podría llevar al Reino Unido a imponer nuevos controles en el CTA, complicando los desplazamientos transfronterizos para empleados en centros multinacionales de Belfast y Dublín.









