
En su cambio de política más significativo desde la activación de la Directiva de Protección Temporal (DPT) en marzo de 2022, el Gobierno irlandés ha reducido el período de alojamiento financiado por el Estado para los ucranianos recién llegados, pasando de 90 días a solo 30 días. La nueva norma se aplica a todos los que lleguen a partir del 10 de noviembre de 2025 y fue confirmada en una guía emitida por el Departamento de Integración la noche del viernes 21 de noviembre.
Las autoridades explican que esta medida busca aliviar la presión sobre un sistema de acogida que actualmente alberga a más de 26,000 ucranianos y a otros 22,000 solicitantes de protección internacional. Tras el primer mes, los beneficiarios deberán encontrar un alquiler privado o alojarse con familias anfitrionas bajo el esquema de Pago por Reconocimiento de Alojamiento, que ahora ofrece 600 € mensuales, una reducción respecto a los 800 € de principios de año.
Para las empresas que aún trasladan personal desde Ucrania, las implicaciones prácticas son inmediatas. Los responsables de recursos humanos y movilidad deberán presupuestar alojamiento privado casi desde el primer día, o considerar la reserva anticipada de hoteles de larga estancia y apartamentos con servicios. Las compañías que antes contaban con el período de gracia de 90 días para completar la incorporación y orientación deberán acelerar esos procesos o adelantar las ayudas para vivienda.
Las organizaciones migratorias han criticado la medida, advirtiendo que familias vulnerables podrían quedarse sin hogar en medio de la crónica escasez de vivienda en Irlanda. Fuentes gubernamentales responden que el plazo de 30 días simplemente equipara a los ucranianos con otros grupos de refugiados y fomenta su rápida integración en el mercado laboral. Los ministros han insinuado que en 2026 podrían implementarse nuevas reformas, posiblemente incluyendo ayudas sociales condicionadas a los ingresos.
Las autoridades explican que esta medida busca aliviar la presión sobre un sistema de acogida que actualmente alberga a más de 26,000 ucranianos y a otros 22,000 solicitantes de protección internacional. Tras el primer mes, los beneficiarios deberán encontrar un alquiler privado o alojarse con familias anfitrionas bajo el esquema de Pago por Reconocimiento de Alojamiento, que ahora ofrece 600 € mensuales, una reducción respecto a los 800 € de principios de año.
Para las empresas que aún trasladan personal desde Ucrania, las implicaciones prácticas son inmediatas. Los responsables de recursos humanos y movilidad deberán presupuestar alojamiento privado casi desde el primer día, o considerar la reserva anticipada de hoteles de larga estancia y apartamentos con servicios. Las compañías que antes contaban con el período de gracia de 90 días para completar la incorporación y orientación deberán acelerar esos procesos o adelantar las ayudas para vivienda.
Las organizaciones migratorias han criticado la medida, advirtiendo que familias vulnerables podrían quedarse sin hogar en medio de la crónica escasez de vivienda en Irlanda. Fuentes gubernamentales responden que el plazo de 30 días simplemente equipara a los ucranianos con otros grupos de refugiados y fomenta su rápida integración en el mercado laboral. Los ministros han insinuado que en 2026 podrían implementarse nuevas reformas, posiblemente incluyendo ayudas sociales condicionadas a los ingresos.








