
Los viajeros que planifiquen viajes vacacionales después del 26 de diciembre enfrentarán la mayor expansión biométrica en la historia de las fronteras de EE. UU. Según documentos regulatorios reportados por primera vez el 20 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional eliminará las exenciones por edad y autorizará a los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a recopilar huellas dactilares, escaneos faciales y, en circunstancias limitadas, muestras de ADN de todos los no ciudadanos que entren o salgan del país, ya sea por aire, tierra o mar. Además, se aplicará una nueva tarifa de $30 por monitoreo de estadías prolongadas para visitas mayores a 29 días, con multas de hasta $5,000 por incumplimiento.
Esta norma cumple con un mandato del Congreso de 1996 para un sistema integral de entrada y salida, un proyecto que se ha retrasado repetidamente hasta que la administración Trump aceleró su financiamiento este año. Las autoridades aseguran que la plataforma biométrica unificada cerrará las brechas de control que permiten que aproximadamente el 42% del crecimiento de la población indocumentada provenga de exceder el tiempo de visa. Los datos podrán conservarse hasta por 75 años y compartirse con agencias federales de seguridad.
Para los viajes corporativos, el mayor impacto a corto plazo será operativo: CBP implementará puertas de reconocimiento facial para salidas en ocho aeropuertos principales, donde los no ciudadanos deberán verificar su identidad antes de abordar. Los viajeros frecuentes de Canadá y México también podrían encontrar nuevos quioscos en cruces terrestres que capturan imágenes del iris y huellas dactilares. Aunque el DHS afirma que las muestras de ADN se limitarán a "escenarios específicos de aplicación de la ley", los defensores de la privacidad advierten que esta norma sienta un precedente para la recolección genética rutinaria.
Las aerolíneas deberán actualizar sus sistemas para confirmar que los datos biométricos de salida se transmitan en tiempo real; el incumplimiento podría acarrear sanciones civiles bajo una directiva de seguridad de la TSA. Los equipos de movilidad global deben informar a los empleados extranjeros sobre las posibles filas más largas durante la implementación y advertir sobre la nueva tarifa por estadías prolongadas en asignaciones que superen los 29 días.
Se esperan desafíos legales por parte de grupos de derechos civiles que citan preocupaciones sobre la Cuarta Enmienda y la ley de privacidad, pero el DHS confía en que fallos judiciales previos sobre la recolección biométrica en puntos de entrada le otorgan amplia autoridad. Las empresas deben estar atentas a posibles medidas cautelares, pero planificar una implementación gradual a partir del día después de Navidad.
Esta norma cumple con un mandato del Congreso de 1996 para un sistema integral de entrada y salida, un proyecto que se ha retrasado repetidamente hasta que la administración Trump aceleró su financiamiento este año. Las autoridades aseguran que la plataforma biométrica unificada cerrará las brechas de control que permiten que aproximadamente el 42% del crecimiento de la población indocumentada provenga de exceder el tiempo de visa. Los datos podrán conservarse hasta por 75 años y compartirse con agencias federales de seguridad.
Para los viajes corporativos, el mayor impacto a corto plazo será operativo: CBP implementará puertas de reconocimiento facial para salidas en ocho aeropuertos principales, donde los no ciudadanos deberán verificar su identidad antes de abordar. Los viajeros frecuentes de Canadá y México también podrían encontrar nuevos quioscos en cruces terrestres que capturan imágenes del iris y huellas dactilares. Aunque el DHS afirma que las muestras de ADN se limitarán a "escenarios específicos de aplicación de la ley", los defensores de la privacidad advierten que esta norma sienta un precedente para la recolección genética rutinaria.
Las aerolíneas deberán actualizar sus sistemas para confirmar que los datos biométricos de salida se transmitan en tiempo real; el incumplimiento podría acarrear sanciones civiles bajo una directiva de seguridad de la TSA. Los equipos de movilidad global deben informar a los empleados extranjeros sobre las posibles filas más largas durante la implementación y advertir sobre la nueva tarifa por estadías prolongadas en asignaciones que superen los 29 días.
Se esperan desafíos legales por parte de grupos de derechos civiles que citan preocupaciones sobre la Cuarta Enmienda y la ley de privacidad, pero el DHS confía en que fallos judiciales previos sobre la recolección biométrica en puntos de entrada le otorgan amplia autoridad. Las empresas deben estar atentas a posibles medidas cautelares, pero planificar una implementación gradual a partir del día después de Navidad.









