
El 19 de noviembre, el gabinete alemán aprobó el proyecto de ley Leistungsrechtsanpassungsgesetz, una enmienda a la legislación de prestaciones que trasladará a las personas desplazadas por la guerra en Ucrania que lleguen después del 1 de abril de 2025 del programa de bienestar Bürgergeld al más limitado Asylbewerberleistungsgesetz. Este cambio reduce la ayuda mensual para adultos solteros de 563 € a 441 € y equipara a los nuevos llegados con los solicitantes de asilo de otros países.
La ministra de Trabajo, Bärbel Bas, argumentó que la reforma elimina la complejidad burocrática —los ucranianos habían sido el único grupo con derecho a la asistencia social general a pesar de tener estatus de protección temporal— y restablece un “trato igualitario para todas las nacionalidades”. Actualmente, alrededor de 1,26 millones de ucranianos viven en Alemania; 700.000 reciben Bürgergeld, con un coste de 6.300 millones de euros en 2024. Los beneficiarios actuales mantendrán sus prestaciones, pero los nuevos enfrentan reglas más estrictas.
De forma crucial, el proyecto obliga a los refugiados en condiciones de trabajar a registrarse inmediatamente en los centros de empleo. Quienes no busquen trabajo activamente podrán ser asignados a “empleos de activación” obligatorios, y el bajo nivel de alemán implicará cursos de idioma obligatorios. La Agencia Federal de Empleo informa que su programa ‘Job-Turbo’ ya ha colocado a 242.000 ucranianos en empleos; las autoridades esperan que el régimen más estricto de prestaciones acelere esta tendencia.
Los municipios han recibido la medida con agrado, señalando que niveles más bajos de prestaciones reducen los factores de atracción y alivian los presupuestos locales, presionados por los costes de vivienda. Sin embargo, las ONG advierten que la reducción del apoyo puede empujar a familias vulnerables a la pobreza y dificultar la integración si no se amplían simultáneamente los servicios de cuidado infantil y formación.
Para los equipos de movilidad global, el mensaje es claro: los empleados que trasladen a familiares desde Ucrania después de abril de 2025 deben prever prestaciones estatales menores y planificar una incorporación más rápida al mercado laboral. Las empresas podrían necesitar complementar salarios o proporcionar cobertura sanitaria privada hasta que los nuevos empleados completen los cursos de integración y consigan un empleo estable.
La ministra de Trabajo, Bärbel Bas, argumentó que la reforma elimina la complejidad burocrática —los ucranianos habían sido el único grupo con derecho a la asistencia social general a pesar de tener estatus de protección temporal— y restablece un “trato igualitario para todas las nacionalidades”. Actualmente, alrededor de 1,26 millones de ucranianos viven en Alemania; 700.000 reciben Bürgergeld, con un coste de 6.300 millones de euros en 2024. Los beneficiarios actuales mantendrán sus prestaciones, pero los nuevos enfrentan reglas más estrictas.
De forma crucial, el proyecto obliga a los refugiados en condiciones de trabajar a registrarse inmediatamente en los centros de empleo. Quienes no busquen trabajo activamente podrán ser asignados a “empleos de activación” obligatorios, y el bajo nivel de alemán implicará cursos de idioma obligatorios. La Agencia Federal de Empleo informa que su programa ‘Job-Turbo’ ya ha colocado a 242.000 ucranianos en empleos; las autoridades esperan que el régimen más estricto de prestaciones acelere esta tendencia.
Los municipios han recibido la medida con agrado, señalando que niveles más bajos de prestaciones reducen los factores de atracción y alivian los presupuestos locales, presionados por los costes de vivienda. Sin embargo, las ONG advierten que la reducción del apoyo puede empujar a familias vulnerables a la pobreza y dificultar la integración si no se amplían simultáneamente los servicios de cuidado infantil y formación.
Para los equipos de movilidad global, el mensaje es claro: los empleados que trasladen a familiares desde Ucrania después de abril de 2025 deben prever prestaciones estatales menores y planificar una incorporación más rápida al mercado laboral. Las empresas podrían necesitar complementar salarios o proporcionar cobertura sanitaria privada hasta que los nuevos empleados completen los cursos de integración y consigan un empleo estable.







