
La prolongada disputa en Canadá sobre el Límite de Primera Generación (FGL) para la ciudadanía por descendencia ha recibido un respiro. El 18 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario concedió a Ottawa una prórroga de dos meses —hasta el 20 de enero de 2026— para aprobar el Proyecto de Ley C-3, que eliminará el FGL declarado inconstitucional en diciembre de 2023.
El FGL, introducido en 2009, impide que ciudadanos canadienses nacidos en el extranjero transmitan automáticamente la ciudadanía a sus hijos también nacidos fuera de Canadá. En una economía global donde los ejecutivos suelen aceptar destinos en varios países, esta norma ha complicado la movilidad de familias con carreras duales y ha obligado a algunas a depender de visas temporales para sus hijos. El Proyecto de Ley C-3 ya superó tres lecturas en la Cámara de los Comunes y dos en el Senado, pero aún está bajo revisión en comités.
El juez Akbarali destacó el “progreso significativo” y sugirió que la Sanción Real podría llegar antes del nuevo plazo de enero. Las medidas provisionales introducidas en marzo de 2025 siguen vigentes, permitiendo a las familias afectadas solicitar concesiones discrecionales de ciudadanía si demuestran un “vínculo sustancial” con Canadá. Empresas que rotan personal internacionalmente ya están utilizando estas medidas para obtener pasaportes canadienses para hijos nacidos durante las asignaciones.
De aprobarse, el Proyecto de Ley C-3 otorgaría la ciudadanía automática a hijos de segunda generación nacidos en el extranjero, siempre que el padre o madre canadiense cumpla con pruebas de residencia o conexión que aún se están definiendo. Expertos en inmigración prevén un aumento en las solicitudes —decenas de miles, no cientos de miles, según el ministro de Inmigración Diab— lo que podría aumentar la carga en las unidades de procesamiento de ciudadanía de IRCC, que ya enfrentan un retraso del 21%.
Recomendación práctica: los empleados canadienses con movilidad internacional y hijos nacidos en el extranjero deben seguir de cerca el calendario legislativo y preparar la documentación (prueba de ciudadanía del padre o madre, evidencia de residencia) para presentar la solicitud tan pronto cambie la ley. Las empresas también podrían necesitar actualizar sus políticas de reubicación para cubrir los costos de solicitud de ciudadanía que antes asumían las familias.
El FGL, introducido en 2009, impide que ciudadanos canadienses nacidos en el extranjero transmitan automáticamente la ciudadanía a sus hijos también nacidos fuera de Canadá. En una economía global donde los ejecutivos suelen aceptar destinos en varios países, esta norma ha complicado la movilidad de familias con carreras duales y ha obligado a algunas a depender de visas temporales para sus hijos. El Proyecto de Ley C-3 ya superó tres lecturas en la Cámara de los Comunes y dos en el Senado, pero aún está bajo revisión en comités.
El juez Akbarali destacó el “progreso significativo” y sugirió que la Sanción Real podría llegar antes del nuevo plazo de enero. Las medidas provisionales introducidas en marzo de 2025 siguen vigentes, permitiendo a las familias afectadas solicitar concesiones discrecionales de ciudadanía si demuestran un “vínculo sustancial” con Canadá. Empresas que rotan personal internacionalmente ya están utilizando estas medidas para obtener pasaportes canadienses para hijos nacidos durante las asignaciones.
De aprobarse, el Proyecto de Ley C-3 otorgaría la ciudadanía automática a hijos de segunda generación nacidos en el extranjero, siempre que el padre o madre canadiense cumpla con pruebas de residencia o conexión que aún se están definiendo. Expertos en inmigración prevén un aumento en las solicitudes —decenas de miles, no cientos de miles, según el ministro de Inmigración Diab— lo que podría aumentar la carga en las unidades de procesamiento de ciudadanía de IRCC, que ya enfrentan un retraso del 21%.
Recomendación práctica: los empleados canadienses con movilidad internacional y hijos nacidos en el extranjero deben seguir de cerca el calendario legislativo y preparar la documentación (prueba de ciudadanía del padre o madre, evidencia de residencia) para presentar la solicitud tan pronto cambie la ley. Las empresas también podrían necesitar actualizar sus políticas de reubicación para cubrir los costos de solicitud de ciudadanía que antes asumían las familias.






