
Reform UK, liderado por Nigel Farage, ha presentado un paquete polémico que prohibiría a los ciudadanos de la UE—incluidos aquellos con estatus de asentado—solicitar el crédito universal y casi triplicaría la Tasa de Salud para Inmigrantes (IHS) hasta £2,718 al año. Las propuestas, anunciadas el 17 de noviembre antes del Presupuesto de la próxima semana, se presentan como una medida para ahorrar £25 mil millones y evitar subidas de impuestos internas.
Según el plan, todos los no ciudadanos perderían el acceso a la mayoría de los beneficios sociales tres meses después de su implementación. La ayuda internacional se recortaría en un 90% y cada extranjero condenado por un delito sería deportado al salir de prisión—una política que Reform asegura ahorraría £580 millones. Sin embargo, economistas ya han cuestionado estos cálculos, señalando posibles represalias bajo el tratado comercial del Brexit y mayores costos administrativos por las deportaciones masivas.
Desde la perspectiva de la movilidad, lo más llamativo es el aumento de la IHS. Con £2,718 por adulto y £2,036 por niño (suponiendo que los dependientes mantengan el descuento actual), una familia de cuatro con una visa de Trabajador Calificado por cinco años enfrentaría un costo inicial en salud de más de £46,000—sin contar las tarifas de visa. Esto elevaría los costos totales de patrocinio muy por encima de la mayoría de los salarios medios y podría obligar a los empleadores a reconsiderar asignaciones en el Reino Unido o asumir ellos mismos el gasto.
Aunque Reform actualmente no tiene escaños en el Parlamento, las encuestas muestran que el partido está captando apoyo tanto del Labour como de los Conservadores. Su agenda está influyendo en el debate general: los ministros ya han aumentado las tarifas de visa en un 7% este año, y ahora parece políticamente más fácil justificar nuevos incrementos. Los equipos de movilidad deberían planificar escenarios para discutir la distribución de estos costos con los asignados y vigilar si los partidos principales adoptan mecanismos similares para financiar el NHS.
Según el plan, todos los no ciudadanos perderían el acceso a la mayoría de los beneficios sociales tres meses después de su implementación. La ayuda internacional se recortaría en un 90% y cada extranjero condenado por un delito sería deportado al salir de prisión—una política que Reform asegura ahorraría £580 millones. Sin embargo, economistas ya han cuestionado estos cálculos, señalando posibles represalias bajo el tratado comercial del Brexit y mayores costos administrativos por las deportaciones masivas.
Desde la perspectiva de la movilidad, lo más llamativo es el aumento de la IHS. Con £2,718 por adulto y £2,036 por niño (suponiendo que los dependientes mantengan el descuento actual), una familia de cuatro con una visa de Trabajador Calificado por cinco años enfrentaría un costo inicial en salud de más de £46,000—sin contar las tarifas de visa. Esto elevaría los costos totales de patrocinio muy por encima de la mayoría de los salarios medios y podría obligar a los empleadores a reconsiderar asignaciones en el Reino Unido o asumir ellos mismos el gasto.
Aunque Reform actualmente no tiene escaños en el Parlamento, las encuestas muestran que el partido está captando apoyo tanto del Labour como de los Conservadores. Su agenda está influyendo en el debate general: los ministros ya han aumentado las tarifas de visa en un 7% este año, y ahora parece políticamente más fácil justificar nuevos incrementos. Los equipos de movilidad deberían planificar escenarios para discutir la distribución de estos costos con los asignados y vigilar si los partidos principales adoptan mecanismos similares para financiar el NHS.







