
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. confirmó el 16 de noviembre la detención de más de 80 personas en Charlotte, Carolina del Norte, durante una oleada migratoria de una semana denominada “Operación Telaraña de Charlotte”. La operación se enfocó en jurisdicciones que limitan la cooperación con las órdenes de detención de ICE, una estrategia que la administración Trump retomó en varias ciudades consideradas santuarios.
Publicaciones en redes sociales del comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, mostraron a agentes deteniendo personas cerca de iglesias, complejos de apartamentos y centros comerciales. Funcionarios locales y grupos de defensa condenaron estas tácticas por considerarlas discriminatorias y por socavar la confianza comunitaria. Por su parte, los partidarios republicanos argumentaron que las detenciones eliminaron amenazas a la seguridad pública y evidenciaron los costos de las políticas de no cooperación.
Para los empleadores, estas redadas repentinas aumentan el riesgo de interrupciones laborales, especialmente en sectores como la construcción, la hostelería y la logística, que tienen gran presencia en la economía de Charlotte. Los equipos de recursos humanos y cumplimiento deben asegurarse de que los registros del Formulario I-9 estén actualizados y desarrollar planes de contingencia para mantener operaciones críticas.
Esta oleada sigue a despliegues similares este año en Chicago y Los Ángeles, que provocaron demandas por detenciones indebidas y reclamaciones de seguros por interrupciones en la actividad empresarial. Expertos legales prevén nuevas litigaciones en Carolina del Norte, que podrían sentar precedentes sobre la autoridad federal en la aplicación de la ley en el interior del país.
Si estas oleadas periódicas se vuelven la norma, las empresas multinacionales podrían necesitar reconsiderar la estrategia de ubicación de sus centros regionales de servicio y evaluar el riesgo reputacional en zonas donde las operaciones de alta visibilidad atraen la atención mediática.
Publicaciones en redes sociales del comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, mostraron a agentes deteniendo personas cerca de iglesias, complejos de apartamentos y centros comerciales. Funcionarios locales y grupos de defensa condenaron estas tácticas por considerarlas discriminatorias y por socavar la confianza comunitaria. Por su parte, los partidarios republicanos argumentaron que las detenciones eliminaron amenazas a la seguridad pública y evidenciaron los costos de las políticas de no cooperación.
Para los empleadores, estas redadas repentinas aumentan el riesgo de interrupciones laborales, especialmente en sectores como la construcción, la hostelería y la logística, que tienen gran presencia en la economía de Charlotte. Los equipos de recursos humanos y cumplimiento deben asegurarse de que los registros del Formulario I-9 estén actualizados y desarrollar planes de contingencia para mantener operaciones críticas.
Esta oleada sigue a despliegues similares este año en Chicago y Los Ángeles, que provocaron demandas por detenciones indebidas y reclamaciones de seguros por interrupciones en la actividad empresarial. Expertos legales prevén nuevas litigaciones en Carolina del Norte, que podrían sentar precedentes sobre la autoridad federal en la aplicación de la ley en el interior del país.
Si estas oleadas periódicas se vuelven la norma, las empresas multinacionales podrían necesitar reconsiderar la estrategia de ubicación de sus centros regionales de servicio y evaluar el riesgo reputacional en zonas donde las operaciones de alta visibilidad atraen la atención mediática.









