
En una medida contundente anticipada en el Libro Blanco, la ministra del Interior Shabana Mahmood dio a Angola, Namibia y la República Democrática del Congo un plazo de 30 días para aceptar el retorno de sus nacionales o enfrentar la suspensión total de visas turísticas, VIP y de negocios. Estos tres países representan solo el 0,09 % de las visas emitidas por el Reino Unido el año pasado, pero las autoridades señalan que miles de sus ciudadanos permanecen ilegalmente tras agotar sus recursos de apelación.
Las sanciones replican poderes usados inicialmente contra Nigeria y Eritrea en 2023 bajo ministros conservadores, pero van más allá al amenazar con un bloqueo total de visas en lugar de solo aumentar recargos. La política cuenta con amplio respaldo popular: una encuesta de YouGov la semana pasada mostró un 67 % de apoyo, aunque diplomáticos en Luanda y Kinshasa advirtieron que podría poner en riesgo las negociaciones comerciales sobre inversiones en energías verdes.
Para las multinacionales con sede en el Reino Unido, el impacto directo en recursos humanos es limitado: datos del Ministerio del Interior indican que solo se emitieron 712 visas a estos tres países en el año hasta junio de 2025. Sin embargo, los responsables de cadenas de suministro deben considerar posibles efectos colaterales para ingenieros de campos petrolíferos, consultores mineros y personal de ONG que viajan entre el Reino Unido y el sur de África.
De aplicarse, la prohibición obligaría a los empleados afectados a viajar vía terceros países o solicitar visas de proveedor de servicios a corto plazo en la UE, lo que implicaría mayores costos y demoras. Los empleadores deberían comenzar a planificar contingencias, incluyendo la identificación de nacionales con doble ciudadanía y la revisión de políticas de trabajo remoto.
El Ministerio del Interior advierte que la medida podría extenderse a otros estados “no cooperativos”. Los equipos de movilidad deben estar atentos a la tabla de cooperación en retornos que se publicará trimestralmente a partir de enero de 2026.
Las sanciones replican poderes usados inicialmente contra Nigeria y Eritrea en 2023 bajo ministros conservadores, pero van más allá al amenazar con un bloqueo total de visas en lugar de solo aumentar recargos. La política cuenta con amplio respaldo popular: una encuesta de YouGov la semana pasada mostró un 67 % de apoyo, aunque diplomáticos en Luanda y Kinshasa advirtieron que podría poner en riesgo las negociaciones comerciales sobre inversiones en energías verdes.
Para las multinacionales con sede en el Reino Unido, el impacto directo en recursos humanos es limitado: datos del Ministerio del Interior indican que solo se emitieron 712 visas a estos tres países en el año hasta junio de 2025. Sin embargo, los responsables de cadenas de suministro deben considerar posibles efectos colaterales para ingenieros de campos petrolíferos, consultores mineros y personal de ONG que viajan entre el Reino Unido y el sur de África.
De aplicarse, la prohibición obligaría a los empleados afectados a viajar vía terceros países o solicitar visas de proveedor de servicios a corto plazo en la UE, lo que implicaría mayores costos y demoras. Los empleadores deberían comenzar a planificar contingencias, incluyendo la identificación de nacionales con doble ciudadanía y la revisión de políticas de trabajo remoto.
El Ministerio del Interior advierte que la medida podría extenderse a otros estados “no cooperativos”. Los equipos de movilidad deben estar atentos a la tabla de cooperación en retornos que se publicará trimestralmente a partir de enero de 2026.








