
La Autoridad de Competencia y Consumo de Finlandia (KKV) ha solicitado al Tribunal de Mercado imponer una multa administrativa de 7,6 millones de euros a Finnair, alegando que la aerolínea nacional proporcionó información “inexacta, parcial y engañosa” durante una investigación 2023-24 sobre si bloqueó a las agencias de viajes online para que no mostraran tarifas con descuento. De confirmarse, sería la primera sanción en Finlandia impuesta exclusivamente por irregularidades procesales en una investigación antimonopolio.
La KKV afirma que Finnair envió cuatro informes de datos deficientes el otoño pasado, lo que obligó a los reguladores a realizar una inspección sorpresa al amanecer en la sede de la aerolínea en Vantaa en la primavera de 2024. Los documentos recuperados durante la inspección supuestamente revelan una política interna que instruía a las agencias online a ocultar ciertos inventarios de bajo costo, una práctica que Finnair ya había prometido detener ante la autoridad de competencia sueca. La multa propuesta equivale a aproximadamente el 0,25 % de los ingresos de la aerolínea en 2024, pero podría aumentar hasta el 1 % si el tribunal considera grave la obstrucción.
Para los gestores de movilidad y compradores de viajes corporativos, el caso es relevante por dos motivos. Primero, una multa podría presionar a Finnair —que ya enfrenta altos precios del combustible y ajustes en su red de rutas tras el cierre del espacio aéreo ruso— a recuperar costos mediante tarifas base más altas o cargos adicionales. Segundo, si se confirma que existieron restricciones en la visualización de tarifas, las agencias online podrían exigir mayor transparencia en los precios, ampliando potencialmente la oferta de billetes con descuento para programas de viajes multinacionales.
Finnair niega cualquier irregularidad, afirmando que las discrepancias se deben a “malentendidos” y que eliminó todas las restricciones de precios para agencias tras firmar compromisos en Suecia en 2023. La aerolínea sostiene que la investigación finlandesa duplica esos compromisos y que la multa es desproporcionada.
Los procedimientos ante el Tribunal de Mercado suelen durar entre seis y nueve meses; se espera un fallo para mediados de 2026. Los equipos de políticas de viaje deben seguir de cerca el desenlace, ya que una violación confirmada podría desencadenar investigaciones similares en Europa y acelerar la transición hacia modelos de distribución directos que eviten el registro de tarifas basado en GDS.
La KKV afirma que Finnair envió cuatro informes de datos deficientes el otoño pasado, lo que obligó a los reguladores a realizar una inspección sorpresa al amanecer en la sede de la aerolínea en Vantaa en la primavera de 2024. Los documentos recuperados durante la inspección supuestamente revelan una política interna que instruía a las agencias online a ocultar ciertos inventarios de bajo costo, una práctica que Finnair ya había prometido detener ante la autoridad de competencia sueca. La multa propuesta equivale a aproximadamente el 0,25 % de los ingresos de la aerolínea en 2024, pero podría aumentar hasta el 1 % si el tribunal considera grave la obstrucción.
Para los gestores de movilidad y compradores de viajes corporativos, el caso es relevante por dos motivos. Primero, una multa podría presionar a Finnair —que ya enfrenta altos precios del combustible y ajustes en su red de rutas tras el cierre del espacio aéreo ruso— a recuperar costos mediante tarifas base más altas o cargos adicionales. Segundo, si se confirma que existieron restricciones en la visualización de tarifas, las agencias online podrían exigir mayor transparencia en los precios, ampliando potencialmente la oferta de billetes con descuento para programas de viajes multinacionales.
Finnair niega cualquier irregularidad, afirmando que las discrepancias se deben a “malentendidos” y que eliminó todas las restricciones de precios para agencias tras firmar compromisos en Suecia en 2023. La aerolínea sostiene que la investigación finlandesa duplica esos compromisos y que la multa es desproporcionada.
Los procedimientos ante el Tribunal de Mercado suelen durar entre seis y nueve meses; se espera un fallo para mediados de 2026. Los equipos de políticas de viaje deben seguir de cerca el desenlace, ya que una violación confirmada podría desencadenar investigaciones similares en Europa y acelerar la transición hacia modelos de distribución directos que eviten el registro de tarifas basado en GDS.









