
En un cambio dramático en la política migratoria del Reino Unido, la Secretaria del Interior, Shabana Mahmood, anunció el 15 de noviembre lo que el gobierno denomina “la mayor reforma de la política de asilo en tiempos modernos”. Según el plan, las personas que obtengan el estatus de refugiado recibirán una protección temporal de solo 30 meses, que deberá renovarse cada dos años y medio. Para acceder a la residencia indefinida, un refugiado exitoso necesitará ahora 20 años de residencia legal continua, cuatro veces más que el requisito actual de cinco años.
El Ministerio del Interior afirma que estos cambios buscan eliminar los “factores de atracción” que incentivan la migración irregular, especialmente de quienes cruzan el Canal en pequeñas embarcaciones, alineando al Reino Unido con el modelo danés de 2021, que ofrece refugio únicamente temporal. Las autoridades subrayan que las “protecciones básicas”, como el acceso al NHS y a la educación, se mantienen, pero el alojamiento y el apoyo financiero pasarán a ser discrecionales y podrán retirarse a quienes se consideren capaces de trabajar o que incumplan las normas.
Para los empleadores, la consecuencia más inmediata será un probable endurecimiento de los controles de derecho a trabajar y una mayor vigilancia sobre los documentos de estatus humanitario, que estarán sujetos a revisiones periódicas. Las empresas que habitualmente contratan refugiados —especialmente en sectores como el cuidado social, la hostelería y la logística— deberán gestionar los ciclos de renovación de 30 meses de sus empleados y prepararse para posibles interrupciones repentinas en su estatus. La reforma también podría aumentar la atención política y mediática sobre otras vías de migración laboral (Trabajador Calificado, Escala, Individuo de Alto Potencial), lo que podría traducirse en umbrales salariales más restrictivos en las negociaciones presupuestarias de 2026.
Organizaciones de derechos humanos y más de 100 ONG británicas han condenado los planes, calificándolos de discriminatorios y contraproducentes, y advirtiendo que un horizonte de asentamiento de 20 años dejará a miles en una situación de incertidumbre prolongada y fomentará la indigencia. Grupos empresariales expresaron su preocupación de que esta retórica pueda erosionar aún más el atractivo del Reino Unido para el talento internacionalmente móvil, al mostrar una postura rígida frente a la migración en general.
Se espera que el Parlamento debata la legislación habilitante a principios de diciembre, con la implementación prevista para las nuevas solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 2026. Los refugiados actuales no verán reducido su estatus de forma retroactiva, pero pasarán al nuevo ciclo de revisión de 30 meses en su próxima renovación. Empleadores, universidades y proveedores de reubicación deben auditar ahora sus procesos de cumplimiento y preparar a los equipos de recursos humanos para los próximos cambios en la documentación.
El Ministerio del Interior afirma que estos cambios buscan eliminar los “factores de atracción” que incentivan la migración irregular, especialmente de quienes cruzan el Canal en pequeñas embarcaciones, alineando al Reino Unido con el modelo danés de 2021, que ofrece refugio únicamente temporal. Las autoridades subrayan que las “protecciones básicas”, como el acceso al NHS y a la educación, se mantienen, pero el alojamiento y el apoyo financiero pasarán a ser discrecionales y podrán retirarse a quienes se consideren capaces de trabajar o que incumplan las normas.
Para los empleadores, la consecuencia más inmediata será un probable endurecimiento de los controles de derecho a trabajar y una mayor vigilancia sobre los documentos de estatus humanitario, que estarán sujetos a revisiones periódicas. Las empresas que habitualmente contratan refugiados —especialmente en sectores como el cuidado social, la hostelería y la logística— deberán gestionar los ciclos de renovación de 30 meses de sus empleados y prepararse para posibles interrupciones repentinas en su estatus. La reforma también podría aumentar la atención política y mediática sobre otras vías de migración laboral (Trabajador Calificado, Escala, Individuo de Alto Potencial), lo que podría traducirse en umbrales salariales más restrictivos en las negociaciones presupuestarias de 2026.
Organizaciones de derechos humanos y más de 100 ONG británicas han condenado los planes, calificándolos de discriminatorios y contraproducentes, y advirtiendo que un horizonte de asentamiento de 20 años dejará a miles en una situación de incertidumbre prolongada y fomentará la indigencia. Grupos empresariales expresaron su preocupación de que esta retórica pueda erosionar aún más el atractivo del Reino Unido para el talento internacionalmente móvil, al mostrar una postura rígida frente a la migración en general.
Se espera que el Parlamento debata la legislación habilitante a principios de diciembre, con la implementación prevista para las nuevas solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 2026. Los refugiados actuales no verán reducido su estatus de forma retroactiva, pero pasarán al nuevo ciclo de revisión de 30 meses en su próxima renovación. Empleadores, universidades y proveedores de reubicación deben auditar ahora sus procesos de cumplimiento y preparar a los equipos de recursos humanos para los próximos cambios en la documentación.








